Hacienda destapa 16.700 millones por fraude de grandes empresas y patrimonios

Reducir las vías de escape de particulares y empresas que elaboran ingeniosas herramientas tributarias también resulta vital para evitar un agujero en la recaudación del Estado. A pesar del impulso a la lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria recaudó en 2022 unos 16.675 millones de euros con estas actuaciones, un 1,3% menos que el año anterior.

Y eso que el número de controles se incrementó hasta contabilizar un total de 39.366 actuaciones sobre grandes empresas, patrimonios de personas físicas y lucha contra la economía sumergida. Un número que es un 7,6% superior al de 2021.

Dentro de las cifras totales, destaca el apartado de grandes multinacionales, donde el fisco regularizó bases imponibles por unos 3.409 millones de euros tras realizar 117 inspecciones, en línea con los datos registrados en los últimos tres años.

Por otro lado, y dentro del plan de lucha contra la economía sumergida, los inspectores de la Agencia Tributaria realizaron más de 29.000 peinados (actuaciones presenciales, las denominadas 'visitas'), de las que una buena parte (cerca de 9.800) tuvieron que ver con el 'Plan de Visitas IVA', muy centrado en determinados sectores como el del automóvil, productos de origen asiático o los alcoholes.

En lo que respecta a los grandes patrimonios de personas físicas -muy vigilados en los últimos tiempos por Hacienda-, los datos son bastante más modestos. En este segmento se llevaron a cabo un total de 1.130 actuaciones que llevaron a aflorar un importe de 546 millones de euros. «Desde 2018 –año de creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes– hasta el pasado 2022, se han liquidado en este ámbito más de 2.400 millones de euros en más de 4.400 expedientes de comprobación», indican desde el Ministerio de Hacienda.

No obstante, hay un dato que refleja cierto revés en las perspectivas del Gobierno sobre uno uno de los pilares de su plan de lucha contra el fraude para altos patrimonios: la detección de contribuyentes que establecen su residencia en otros países u otras comunidades con el objetivo de disfrutar de una mejor fiscalidad, aunque no vivan realmente allí el tiempo necesario.

Los datos evidencian que Hacienda apenas detectó a 97 contribuyentes en esta situación de residencia irregular, que tuvieron que pagar por ello unos 28,2 millones de euros. Una cifra muy baja si se tiene en cuenta que el número de operaciones llevadas a cabo sobre posibles sospechosos de esta conducta fue de 252 en total. Es decir, de todos los casos investigados, solo se detectó posible fraude por estar «artificialmente localizados en otros países, pero que realmente tenían residencia efectiva en España» en un 38% de ellos.

El plan del Ejecutivo también pasa por incentivar las regularizaciones voluntarias, mediante un sistema de envío de avisos que los últimos años se ha centrado en ciertos sectores como inversores en criptomonedas y, sobre todo, personas que alquilan sus viviendas, pero que no las declaran.

Según datos del Ministerio comandado por María Jesús Montero, en los seis últimos ejercicios estos avisos sobre posibles alquileres fraudulentos han favorecido la incorporación de más de 1,18 millones de declaraciones con rendimientos del capital inmobiliario, con una mayor base imponible declarada de más de 7.700 millones de euros y una recaudación estimada de 933 millones.