El ingreso mínimo sigue sin llegar a más de la mitad de los hogares cinco años después de su puesta en marcha

La medida estrella contra la pobreza del primer Gobierno de coalición nació con urgencia, grandes cifras y una promesa: llegar a casi un millón de hogares. Pero cinco años después, el ingreso mínimo vital (IMV) no solo no ha cumplido su objetivo, sino que sigue dejando fuera a más de la mitad de las personas en situación de pobreza severa.

El IMV llegó con media España aún confinada por la covid-19 y un Gobierno tensionado por su aprobación. El 29 de mayo de 2020, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo por aquel entonces, comparecía ante los medios junto a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Anunciaban la aprobación de un real decreto-ley que ponía en marcha una prestación no contributiva de la Seguridad Social, destinada a garantizar ingresos mínimos a quienes carecen de ellos.

La previsión inicial del Gobierno era llegar a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas en situación de pobreza severa. La realidad quedó lejos de esas cifras. Según los últimos datos disponibles, publicados por el Ministerio de Inclusión a principios de abril, el IMV alcanza a 2,1 millones de personas mediante 719.543 prestaciones.

Aunque la cifra representa un aumento del 21,97% respecto a abril de 2024, la ratio de beneficiarios por prestación apenas ha variado: de 3 en abril del año pasado a 3,05 en el mismo mes de este ejercicio. A cierre de 2024, esta ratio era de 3,04. «Los problemas de cobertura siguen siendo muy elevados», advirtió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en febrero de 2024. Una conclusión que también subrayó el Consejo Económico y Social (CES) hace menos de un mes en su memoria anual sobre la situación socioeconómica y laboral de España.

Esta misma semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó los datos del IMV: «Han recibido la prestación casi un millón de hogares, con casi tres millones de personas». Sin embargo, las cifras oficiales rebajan ese optimismo. Y, según estimaciones de expertos, más de la mitad de las personas con derecho a la ayuda no la han solicitado. «Esto evidencia la persistencia de importantes problemas de eficacia en la implementación de la prestación», denuncia el CES. Entre las causas identificadas: falta de información accesible, complejidad del lenguaje istrativo y miedo a los reintegros por pagos indebidos.

Precisamente esta última cuestión —los cobros indebidos— ha llevado al Defensor del Pueblo a abrir una actuación ante la Secretaría de Estado de Trabajo y la de Seguridad Social y Pensiones, con el objetivo de conocer el alcance del problema. En los últimos años, estos reintegros han incrementado la vulnerabilidad de muchas familias, obligadas a devolver cantidades percibidas debido a errores en el reconocimiento de la prestación o por la tardanza en los requerimientos istrativos.

Aunque figuraba en el programa económico del PSOE, la hoja de ruta marcaba un despliegue paulatino durante los cuatro años de legislatura. Los de Pablo Iglesias, todo lo contrario. La pandemia dio la victoria a los 'morados' y aceleró su aprobación: casi 900.000 personas perdieron su empleo con la instauración del estado de alarma. «Es verdad que yo he tenido que meter mucha prisa pero hay mucha gente que no podía esperar, podemos estar orgullosos», escribió Iglesias en su cuenta de Twitter tras el acuerdo. En mayo de 2020, la tasa de pobreza severa en España —hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes— alcanzaba el 12,4%, frente al 6,9% de media en la UE. Cinco años después, la tasa ha descendido cuatro puntos, pero aún supera el promedio europeo.

Concebida como la gran medida social de la pasada legislatura, la prestación está dirigida a personas con ingresos inferiores a 658,81 euros mensuales, cantidad que se incrementa un 30% por cada miembro adicional. «Una red contra la pobreza», la definió en su día María Jesús Montero. A pesar de ello, numerosos hogares se siguen quedando fuera.

El requisito principal es el nivel de renta. También se exige una edad mínima de 23 años, salvo en el caso de personas de 18 años con menores a cargo y un año de residencia legal en España. Excepcionalmente, se contempla el de mujeres víctimas de violencia de género o trata de seres humanos, siempre que sean mayores de edad. El límite máximo de edad para percibirla son los 65 años.

Gracias a estas ayudas, la pobreza infantil en España se sitúa actualmente en el 29,2%, según la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Sin intervención pública, la cifra alcanzaría el 36,6%. Aun así, el CES advierte que el diseño de las prestaciones es mejorable y deja fuera a cientos de familias.

En concreto, y según su cálculos, el 73% de los hogares elegibles para recibir la ayuda a la infancia no la percibe por desconocimiento. Los últimos datos revelan que tan solo medio millón reciben esta cantidad extra al IMV.

El CAPI establece una ayuda mensual de 115 euros para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6, y 57,5 euros de 6 a 18 años. Desde su puesta en marcha, el IMV ha actualizado anualmente la renta garantizada para cada tipo de unidad de convivencia. Según la normativa vigente, esta renta equivale al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas, dividido entre doce mensualidades, con incrementos según la composición familiar.

En 2025, la prestación ha experimentado un aumento del 10%, junto con un incremento extraordinario del 15% durante al menos tres meses para personas afectadas por la DANA. La nómina media mensual del IMV se sitúa actualmente en 505 euros.

En los últimos años, el IMV ha sido objeto de reformas destinadas a facilitar el y ampliar la cobertura. Desde noviembre de 2024, se ha implantado un mecanismo de transición para que las personas que agoten el subsidio por desempleo, sin haber encontrado empleo, puedan acceder directamente a esta prestación.

Aun así, el conocimiento sobre el IMV sigue siendo limitado entre gran parte de la población, y los obstáculos burocráticos siguen frenando su potencial como verdadera red de protección social.

Cinco años después de su puesta en marcha, el ingreso mínimo vital ha aliviado parcialmente la pobreza severa en España, pero no ha logrado consolidarse como una verdadera red de protección para quienes más lo necesitan. La distancia entre el diseño de la prestación y su ejecución real sigue siendo una asignatura pendiente del sistema de bienestar.

El proceso para solicitar el ingreso mínimo vital se inicia accediendo al sitio web oficial de la Seguridad Social. Una vez allí, hay que hacer clic en la opción 'Solicitar'. La primera pantalla pedirá seleccionar la provincia de residencia, además de introducir información básica sobre la unidad de convivencia y los ingresos del hogar.

Con esos datos, el sistema realiza un cálculo preliminar que permite saber si se cumplen los requisitos para acceder a la ayuda. A partir de ese punto, se solicita la identificación del solicitante. Tras esto, será necesario aportar documentación justificativa. Entre los archivos requeridos se encuentran el DNI o NIE, el certificado de empadronamiento y documentos que acrediten la composición de la unidad familiar. Todos estos archivos pueden subirse directamente a la plataforma.

Para completar el trámite, es imprescindible firmar la solicitud a través de introduciendo un código recibido por SMS si se utiliza el sistema Cl@ve Permanente. Además, la Seguridad Social pone a disposición de los ciudadanos un teléfono gratuito de información (900 20 22 22).

Además, los ciudadanos también pueden acudir de forma presencial a alguna de las oficinas de la Seguridad Social repartidas por todo el territorio nacional. Para ello es necesario una cita previa a través del teléfono en el INSS o hacerlo en su página web.

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