El tatuador acusado de abusos sexuales se enfrenta desde hoy a sus víctimas en el juicio

Los hechos que son objeto de este proceso se dieron a conocer en febrero de 2018, después de que una de las víctimas relatase su experiencia en las redes sociales. La chica «colgó» un texto en el que expresó que «hoy he sido acosada sexualmente por mi tatuador». Desveló que «desde el minuto uno» tuvo que escuchar por boca del mismo individuo comentarios de índole sexual y, además, indicó que le había «agarrado del culo» y que le sujetó de la «cadera desnuda». La mujer afirmó de igual manera que el sospechoso le hizo desabrocharse el botón del pantalón cuando lo que en realidad «me iba a hacer es un tatuaje pequeño en el brazo», señaló.

La difusión de este mensaje encontró un amplio eco en las diferentes aplicaciones en la red. Al inicial comentario le siguieron otros muchos de personas que asimismo se identificaron como víctimas del tatuador o conocían a otras que lo habían sido. Ello llevó a la Guardia Municipal de San Sebastián a iniciar de oficio una investigación, aun cuando no se había formalizado denuncia alguna en las dependencias del citado cuerpo. Tampoco en la comisaría de la Ertzaintza se había personado nadie para dar cuenta de casos como el revelado.

La denuncia se hizo viral y generó multitud de condenas. Ante aquella situación, las averiguaciones de la Unidad de Investigación de Delitos de la Guardia donostiarra dieron lugar a la incoación de unas diligencias judiciales que fueron instruidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia. La labor policial permitió la detención de Jack E.L., que el 8 de febrero del pasado año ingresó en la prisión de Martutene. La autoridad judicial sustentó en tres motivos la decisión de privar de libertad al tatuador. Consideró por un lado la relevancia de los hechos cometidos y además su reiteración, dado que presuntamente había tenido comportamientos similares no solo en el local que regentaba en la calle Iñigo de la Parte Vieja, sino en otros establecimientos en los que anteriormente había desarrollado su actividad profesional y también como profesor en una escuela de tatuadores existente en la capital guipuzcoana. Asimismo, estimó que existía riesgo de fuga por parte del investigado e igualmente argumentó que el caso había generado una «alarma social».