El alcalde de Zestoa insta a la iglesia a entregar el gaztetxe y la Diócesis reclama su propiedad

El Gobierno local ha señalado que «no es légitimo» lo sucedido en la iglesia y ha defendido «la libertad de la comunidad cristiana» para llevar a cabo sus ceremonias. De la misma forma, creen que se «vulneró totalmente el derecho de los ciudadanos a la libertad religiosa». Una vez aclarado esto, el alcalde de Zestoa, Mikel Arregi (EH Bildu), considera un «error intolerable poner en el mismo plano la jerarquía eclesiástica y la comunidad del pueblo». Y matiza que «hay muchos vecinos que acuden a la iglesia y que abogan por que el patrimonio de la iglesia pase a manos públicas».

El ayuntamiento ha condenado «la apropiación por parte de la jerarquía eclesiástica, a lo largo de la historia y en las últimas décadas, de infraestructuras populares que deberían estar en manos del patrimonio público». En este sentido, el consistorio de Zestoa está dispuesto «a seguir dialogando con la Iglesia y a firmar un acuerdo global sobre las infraestructuras del pueblo y de los barrios para que se utilicen en beneficio de todos».

Con el objetivo de darle una salida a esta situación, el alcalde de la localidad pide que se resuelva a través del diálogo y no por vías judiciales, para «recuperar el teatro Elizondo como espacio idóneo para los movimientos juveniles y actividades culturales de la localidad».

La Diócesis de San Sebastián, propietaria del edificio en el que se ha colocado el gaztetxe, ha mostrado su «solidaridad a la comunidad cristiana de Zestoa», y ha calificado de «violencia sistemáticamente» la manifestación de la Gazte Asanblada. «Es una actuación estratégicamente programada que crea un clima cívico-social que es gravemente perjudicial para una convivencia pacífica y arrastra consigo la pérdida de los valores ético-morales», explican. Por ello, aseguran, «el obispado no tiene intención de cambiar su parecer con respecto a la ocupación violenta y abusiva del edificio Elizondo».

A la vez, han reclamado a la alcaldía y demás autoridades que «cumplan con su deber ante estos hechos y que, además de hacer respetar las propiedades de la comunidad cristiana, protejan a estos ciudadanos de Zestoa, que requieren la misma atención y protección que el resto de conciudadanos». Además, el obispado reitera «la defensa de esta comunidad manteniendo la demanda judicial en vigor, a la espera que se pueda recuperar la actividad en el edificio cuanto antes».

La Gazte Asanblada de Zestoa ha convocado una manifestación mañana a las 9.00 horas en la puerta de los juzgados de Azpeitia para denunciar dos jóvenes serán juzgados por la ocupación del gaztetxe. Piden para los encausados fuertes multas. Asimismo, señalan que en lugar «de dejar que los jóvenes den un uso social al edificio, la Iglesia solo quiere hacer dinero».