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Cerrado el capítulo presupuestario, la Diputación vuelve a remangarse para atraer un socio que le permita sacar adelante la reforma fiscal. Hoy aprobará el proyecto ... de norma foral en el Consejo de Gobierno extraordinario y en las próximas semanas retomará las conversaciones con los tres grupos de la oposición para llegar a un acuerdo. EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos parten de una disposición total para negociar. Y aunque todavía arrastran la resaca del pacto entre los populares y el Gobierno foral —formado por PNV y PSE— que dio luz verde a las cuentas de Gipuzkoa, las formaciones de las Juntas Generales aseguran que ahora comienza un nuevo proceso desde cero.
La Diputación espera aprobar la reforma fiscal durante el primer trimestre de 2025 y la portavoz del Gobierno foral, Irune Berasaluze, comentó ayer que quiere contar «cuanto antes» con «los apoyos suficientes» para sacar adelante la revisión. Berasaluze señaló que el Ejecutivo de jeltzales y socialistas está «dispuesto a negociar con todos los grupos» con representación en las Juntas Generales, «como también se ha hecho con la negociación presupuestaria». Así, mostró su deseo de que la oposición tenga «la misma disposición» que su gobierno. En esa línea se pronunció la diputada general, Eider Mendoza, en una entrevista el pasado domingo para este periódico, en la que aseguraba que «las puertas están abiertas para todos».
El partido que más representantes tiene en el Cámara guipuzcoana, EH Bildu, ya votó en julio a favor del informe de la ponencia fiscal después de que más de 60 expertos abordasen durante los últimos meses los principales retos que deben estar incluidos en la próxima reforma fiscal. Aquel documento recibió 44 votos a favor de PNV, PSE y la coalición abertzale y cinco abstenciones de Elkarrekin Gipuzkoa y PP. La izquierda independentista introdujo entonces 65 enmiendas que confluyen en la progresividad fiscal, de forma que quienes más tienen más aporten.
«Esa es la forma de recaudación por la que abogamos para incrementar la inversión pública», explica a este periódico el juntero Haritz Perez, quien asegura que «estamos abiertos para llegar a un acuerdo amplio, pero tendremos que ver con qué talante llega el Gobierno». Y reitera la importancia de poner el foco en las «rentas altas», porque «no entenderíamos que en Madrid se haga una política fiscal más de izquierdas que en Gipuzkoa». Habrá que ver si las acusaciones entre el Gobierno foral y EH Bildu en las que han hablado de «autoexclusión», «vetos» o «blanqueamiento del PP» tras la negociación presupuestaria siguen pesando en las próximas reuniones o si ya son agua pasada.
A pesar de que los Presupuestos han sido aprobados gracias a los votos del PP, el Gobierno foral podría replicar la geometría variable que se está produciendo en Euskadi. En Bizkaia y Araba, donde también gobiernan socialistas y jeltzales, las Cuentas han salido adelante con sendos apoyos de EH Bildu. De todas formas, en Gipuzkoa, donde los populares también facilitaron la investidura de Mendoza hace un año y medio, el respaldo al proyecto financiero podría darles cierta ventaja en las negociaciones. «Queremos que nuestra soberanía fiscal nos permita ser vanguardia fiscal en Europa, y para ello hay que ser ambiciosos y no dejarnos llevar por aquello de una Euskadi uniforme donde Bizkaia, por su tejido, siempre saca provecho», aseguran los populares.
Cabe recordar que los populares fueron los más críticos con la ponencia (tan solo se ha aprobado una de sus 43 enmiendas), al alegar que solo recoge «generalidades y desafíos» y no medidas concretas. El portavoz en las Juntas del PP, Mikel Lezama, cree que «la fiscalidad tiene un poso más ideológico». Y que, como ocurrió con los Presupuestos, «también habrá vetos entre los partidos, y creo que serán más fuertes».
Quien muestra su «voluntad» de negociar, pero de entrada es muy reticente al proyecto que se ha puesto sobre la mesa, es Elkarrekin Podemos. Consideran que la reforma «no es ni justa ni progresiva» y que «no responde a los retos que se definieron en la ponencia». En ese documento se aprobaron 80 de las 119 alegaciones de la formación morada, pero criticaron la «vaguedad» del texto, y lamentaron su «enfoque superficial».
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