El Gobierno sale al rescate de Montero y confirma el pacto fiscal de Cataluña tras la amenaza de ERC

«Cumplimos lo que firmamos. Lo cumpliremos al cien por cien. Es nuestro compromiso y somos gente seria», aseveró el ministro Jordi Hereu. El exalcalde de Barcelona y miembro del PSC prefirió tirar de prudencia para esquivar el término de la discordia pero fue categórico a la hora de tranquilizar a ERC. «Lo sacaremos y tiraremos adelante tal y como está escrito», subrayó un día después de que los republicanos amenazasen con retirar su apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso si el Gobierno incumple los compromisos pactados pero sin aportar más detalles sobre cómo piensa el Ejecutivo dar cumplimiento al mismo.

En la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, descartó entrar «en valoraciones terminológicas» y salió a defender que tanto el PSOE como el Gobierno «cumplen y respetan los pactos, sobre todo cuando son acuerdos que benefician a los ciudadanos de Cataluña y a los ciudadanos de España».

Una postura que también escenificó el PSOE. Su presidenta, Cristina Narbona, minimizó el alcance de la advertencia de los republicanos en la medida en la que el Ejecutivo «cumpla con la literalidad del pacto» y llamó a la cautela. «Sin duda el desarrollo de lo pactado requerirá de negociaciones y modificaciones de normas, pero esperemos al desarrollo del acuerdo», instó en un acto en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.

Hasta este miércoles, el silencio del Gobierno en torno a los detalles del pacto había dado alas al relato independentista sobre un concierto económico, si bien el texto no recoge expresamente esta denominación -que Montero rechazó de plano- y sí, en cambio, la de «financiación singular» y «soberanía fiscal». Eufemismos con los que los socialistas habrían tratado de marcar las diferencias frente al cupo vasco y navarro añadiendo la figura del «principio de solidaridad» entre comunidades y que debe lograr el aval de la Cámara baja con la aprobación de las modificaciones en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Pero en su primer intento de hacer pedagogía con un asunto que ha soliviantado al resto de comunidades autónomas y transmitir «tranquilidad» a los líderes territoriales que, como Emiliano García-Page, consideran esta cesión como un «privilegio», el Gobierno también se ha topado con la pugna partidista que mantienen Junts y ERC en Cataluña y que puede trastocar la relación que mantiene con ambas formaciones en el Congreso.

Sin los 14 escaños de los independentistas, no hay legislatura viable. Y los postconvergentes no han querido desaprovechar esta coyuntura para reivindicarse ante su electorado tras el apoyo de los republicanos a un Govern presidido por Illa. Por un lado, acusando a la formación que dirige Marta Rovira de haber construido junto al PSC una mayoría política en Cataluña «a partir de una mentira» y un «concierto económico inexistente». Y, por otro, agitando las dudas alrededor de la capacidad que tiene ERC para presionar a Sánchez con su apoyo. «En cinco años en Madrid ha sido incapaz de hacerlo. Nosotros, cuando ha tocado decir que no, hemos dicho no», defendió la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

Una batalla que sin duda se trasladará al Congreso a la vuelta del verano donde sin pacto fiscal y sin Presupuestos Generales del Estado, la legislatura se pone cuesta arriba para Sánchez.