Euskadi es la comunidad donde más se reducen los daños por inundaciones desde el año 2009

La preocupación generalizada de barrios y localidades enteras en tiempos pasados cuando amenazaba tormenta, y las horas destinadas a apilar sacos de arena y colocar maderos para proteger las propiedades de una inevitable crecida del río, han dado paso a la tranquilidad de saberse protegidos ante eventos climatológicos no excepcionales.

Quedan excepciones, claro, y el mejor ejemplo son los desbordamientos que se vivieron el lunes en el arroyo de Santa Lucía en Gabiria, que afectaron al barrio rural de Alegi. Pero las consecuencias de los aguaceros cada vez más intensos que se viven en el territorio son mucho menos dramáticas que antaño.

No es una percepción subjetiva. Responde a una realidad. Gipuzkoa y Euskadi han mejorado sustancialmente sus niveles de protección ante inundaciones. En los últimos años la Agencia vasca del Agua (URA), dependiente del Gobierno Vasco, ha ejecutado más de 100 proyectos para la defensa de entornos urbanos en caso de fuertes lluvias y riadas. Iniciativas que han supuesto una inversión de más de 350 millones de euros, de los que cerca de 150 se han localizado en Gipuzkoa.

El Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública estatal encargada de cubrir los daños provocados por acontecimientos extraordinarios (ya tengan un origen climatológico, medioambiental, político o social) ha calibrado los efectos de estas medidas.

Euskadi es la comunidad donde más se han reducido los costes de los daños ocasionados por inundaciones desde el año 2009. En concreto, la tasa de siniestralidad, entendida como la relación que existe entre las pérdidas y deterioros que han sido indemnizados por los seguros y el capital asegurado, ha caído un 21,1% en el periodo 2010-2023 frente al 1996-2009.

Dos tramos de 14 años que permiten comparar espacios de tiempo lo suficientemente amplios como para que un acontecimiento extraordinario, como pudieron ser las devastadoras inundaciones de Bilbao en 1983, las del río Deba en 1988 (causante de 15 muertos, los últimos por crecidas de ríos en Euskadi) o la reciente DANA de Valencia, alteren de tal forma el muestreo que lo haga poco fiable.

Este periódico ya publicó en octubre que en los 35 años que van desde 1987 a 2021 las riadas e inundaciones han causado daños por valor de 260 millones de euros en Gipuzkoa. Una cifra que representa más de la mitad de los 484 millones que el Consorcio de Seguros desembolsó en Euskadi. En ese tiempo se tramitaron 17.451 partes de daños en Gipuzkoa por este motivo, 17.590 en Bizkaia, y 2.468 en Álava.

Además de Euskadi, solo otras tres comunidades han visto reducidas sus facturas a cuenta de riadas e inundaciones. Y lo han hecho de forma mucho más modesta. Son Galicia (-4,3%), Cataluña (-0,9%) y Castilla y León (-0,3%). En el resto, las aguas descontroladas han provocado más siniestros (o al menos más caros) en los últimos tres lustros que en los tres inmediatamente anteriores. Destacan en este grupo Murcia, donde la factura se ha duplicado (+98,8%), Navarra (47,6%), Aragón (24,9%), Asturias (23,8%) y Castilla-La Mancha (23,1%).

La rebaja en los costes económicos de los destrozos causados por las crecidas de los ríos no se debe en este caso a que haya habido menos episodios o que estos hayan sido de menor gravedad. Basta recordar que en el segundo periodo comparado se produjeron importantes inundaciones en el Urumea (2011), los 'maretones' de 2014 o las fuertes lluvias e inundaciones de finales de 2021 y comienzos de 2022 en todo el País Vasco.

El director de Planificación y Obras de URA, José María Sanz de Galdeano, subraya que «Euskadi está hoy mucho mejor preparada para protegerse ante riadas e inundaciones» por una sucesión de decisiones que se han ido tomando desde finales de la década de los 80 y comienzos de los 90 del siglo pasado.

Decisiones que han incidido en la legislación, el estudio y conocimiento del territorio, la gestión de las emergencias y, por supuesto, la ejecución de actuaciones de protección y/o calmado de las aguas.

Sanz de Galdeano destaca como principales proyectos llevados a cabo los del Urumea entre Hernani y Martutene en Gipuzkoa, en Bizkaia el del Ibaizabal en Galdakao, y en Álava el del Zadorra en Vitoria.

Pero más allá de las actuaciones visibles, este geólogo apunta a las medidas de prevención que se han llevado a cabo a través de la normativa y los trámites istrativos. Por ejemplo, las limitaciones de uso del suelo que existen en función de su inundabilidad. «En el pasado se levantaron construcciones en zonas de riesgo como barrancos. Obviamente no se va a derribar todo lo construido, pero con no permitir nuevas edificaciones en lugares de riesgo ya dimos un gran paso», rememora. «Para las personas que viven en zonas inundables, lo que se hace es protegerlas con medidas de defensa».

Estas pueden ser de diversa índole: ampliaciones del cauce del río, levantamiento de muros más altos para proteger las viviendas ribereñas, sustitución de puentes clavados en el lecho por otros sin pilares que no obstaculicen el libre fluir de la corriente, generación de parques fluviales y áreas de remanso en las que el caudal se disperse y frene su velocidad...

En Gipuzkoa existen ejemplos de todo tipo. El reencauzamiento del Urumea a su paso por el barrio donostiarra de Martutene es quizá la obra más importante de los últimos años. Finalizada en 2022 tras una década de trabajos y 32 millones invertidos, entre otras medidas se han sustituido puentes, elevado muros protectores y se ha ensanchado el cauce del río, llegando a duplicarse hasta los 50 metros a lo largo de medio kilómetro.

Cerca de ahí, el parque fluvial de Astigarraga nació en 2019 para servir de aliviadero del Urumea para cuando venga crecido sin que la corriente alcance a las viviendas ni a la trama urbana, ubicada en una cota superior al río y protegida por el parque.

Aguas arriba se ha construido una corta seca en el meandro ubicado entre el barrio Akarregi de Hernani y el de Ergobia en Astigarraga. Consiste en habilitar canales alternativos al cauce natural para que en caso de crecida el agua se disperse por ellos. Es decir, una zona de calmado de la corriente.

Más allá del Urumea, otra actuación reciente es la de la 'portería de CAF' en Beasain, donde en un tramo de 300 metros se ha ampliado el cauce del río y se han sustituido dos puentes, cuyos pilares se anclaban en el lecho, por uno nuevo sin columnas hacia al agua que constituyan un obstáculo natural para la corriente. La extensión del cauce ha sido posible gracias a que se han derribado cuatro edificios ribereños, lo que ha permitido reducir un 70%el riesgo de inundación de la zona.

La clave de todas estas actuaciones, remarcan desde URA, es evitar 'autopistas' de alta velocidad, como barrancos o 'carriles fluviales' urbanos, como los que se vieron en la tragedia de Valencia al paso de la DANA.

Muy al contrario, lo ideal es respetar al máximo posible la tendencia natural de los ríos, favoreciendo o, en su caso, recuperando zonas en las que el agua pueda esparcirse y calmarse, como sucede en los meandros.