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El Gobierno Vasco, Osakidetza, Osalan y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) han acordado mejorar la atención a los trabajadores afectados por patologías derivadas del uso laboral del amianto mediante la firma de un convenio en el que, entre otros aspectos, se establece un protocolo específico «para evaluar con criterios facultativos homogéneos» el perjuicio ocasionado, tanto en términos de salud como a nivel profesional
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria, ha explicado que gracias a este acuerdo la valoración de una posible situación de incapacidad laboral temporal o permanente y, en su caso, del grado correspondiente de incapacidad, podrá realizarse «con todos los antecedentes y elementos de juicio necesarios».
El nuevo convenio sustituye al vigente hasta ahora e incorpora «nuevas actuaciones conjuntas» entre las instancias firmantes, todas ellas dirigidas a «garantizar una mejor atención al paciente, tanto en el campo de la prevención, como en el clínico o en el de la valoración clínico-laboral de los trabajadores».
En la asociación de víctimas de amianto de Euskadi, Asviamie, se muestran «escépticos» con este acuerdo. «Ojalá funcione y mejore la situación, pero no tengo demasiada esperanza», reconoce su portavoz, Jesús Uzkudun, quien recuerda que ya existe un protocolo según el cual «Osakidetza tiene que comunicar a Osalan su sospecha del origen laboral de una enfermedad, Osalan investigarlo y remitirlo al tribunal médico de la Seguridad Seguridad. En muchos casos esto no se está haciendo», critica Uzkudun.
Como ejemplo, pone un caso del que tuvo conocimiento este mismo lunes. «Se trata de un trabajador guipuzcoano diagnosticado de mesotelioma (la exposición al asbesto es el principal causante de este cáncer). No se había comunicado la sospecha, a pesar de estar en tratamiento y de que se encontraba en una fase terminal. Tuvo la mala suerte de sufrir una caída y fallecer. Y como no se había trasladado la sospecha, se ha rechazado el origen profesional de la enfermedad», denuncia.
El portavoz de Asviamie entienden que el nuevo acuerdo persigue mejorar esa comunicación de sospecha, y advierte de que estos protocolos «pueden funcionar con trabajadores en activo» pero, a su juicio, no tanto cuando se trata de personas jubiladas.
De hecho, desde la asociación critican los plazos y la demora para que se resuelvan estos casos, especialmente cuando se trata de personas en una fase avanzada de la dolencia. «Por ejemplo, estamos pendientes desde agosto a que la Seguridad Social nos responda a un caso de mesotelioma», asegura Uzkudun, quien recuerda que «hace años, un presidente del ribunal médico solía decir que estos casos tienen que ser prioritarios porque se trata de personas con una esperanza de vida corta. La semana pasada murió otro hombre pendiente de la respuesta de la Seguridad Social y de las prestaciones correspondientes», lamenta.
Por ello, desde Asviamie vuelven a reclamar mayor celeridad en la tramitación de esos expedientes y evitar así un mayor sufrimiento a los afectados y a sus familias. «La mayoría de esos enfermos terminales viven con la angustia de saber, porque son conscientes de que van a morir, que por lo menos se les vaya a reconocer la enfermedad laboral y puedan dejar las cosa atadas para la familia», asegura Uzkudun.
Además del nuevo protocolo de evaluación, el convenio prevé la creación de un grupo de trabajo integrado paritariamente por «personas expertas» de las cuatro entidades, que se encargará de coordinar el seguimiento de los trabajadores expuestos a amianto residentes en Euskadi.
El Gobierno Vasco ha recordado que es el Departamento de Salud, a través de sus profesionales médicos inspectores, el garante de que la información generada en Osakidetza en relación con la asistencia sanitaria dispensada a los trabajadores que presenten patologías derivadas de la exposición al amianto en el su actividad laboral, y en Osalan respecto a las características y riesgos asociados a sus puestos de trabajo, sea remitida «de forma ágil» al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). De tal forma que «disponiendo de toda la información necesaria», el INSS pueda evaluar la situación de incapacidad y/o la determinación de contingencia de dichos trabajadores de forma «homogénea y precisa».
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