Sanidad implantará en dos años un plan para blindarse frente a nuevos apagones

El Ministerio de Sanidad y las autonomías han acordado este miércoles la puesta en marcha de un grupo de trabajo que en el plazo máximo de dos años debería de tener diseñado y ejecutado un plan específico para tratar de blindar al sistema sanitario español contra cortes masivos de suministros esenciales, como puede ser la electricidad, el agua u otras energías, pero que tiene su objetivo principal y nada disimulado en estar preparados ante la posibilidad de que se produzca otro gran apagón como el que hace menos de un mes paro el país.

Los responsables sanitarios, reunidos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), acordaron la constitución del grupo de trabajo, con del ministerio y de las consejerías, con el encargo de que en un año, en junio de 2026, cuenten con la versión definitiva de este plan y que en los doce meses siguientes procedan a la implantación efectiva y coordinada de las medidas propuestas.

Sanidad considera que el 'shock' nacional vivido el pasado 28 de abril hizo evidente la necesidad de reforzar el sistema sanitario frente a fallos en infraestructuras críticas. Entiende que los hospitales, gracias a los generadores de emergencia, lograron funcionar con relativa normalidad, pero que en otros ámbitos asistenciales, como los centros de salud, las farmacias o las residencias, sí que hubo una clara afectación, lo mismo que sucedió entre enfermos especialmente vulnerables como los electrodependientes, los que requieren de dispositivos eléctricos o respiración asistida domiciliaria, que en muchas ocasiones son su soporte vital.

El plan tendrá cinco líneas de actuación. La primera pretende mejorar la coordinación entre territorios y con los actores y sectores clave para la respuesta a una emergencia. Esto exige establecer canales de comunicación sólidos y listos para ser utilizados en cualquier momento entre el ministerio y las consejerías, que permitan, por ejemplo, lanzar alertas predefinidas en función de los distintos umbrales de riesgo acordados o paliar de forma ordenada situaciones de desabastecimiento.

De igual forma, creen necesario establecer procedimientos de cooperación predefinidos con otros sectores clave en estas crisis, como pueden ser los operadores eléctricos y de telecomunicaciones, las empresas de abastecimiento de agua y de gasoil, fuerzas de seguridad del Estado, protección civil, dispositivos de emergencias y organismos de seguridad nacional. Con estos procedimientos se asegurará que el sector sanitario quede integrado en los mecanismos de respuesta nacional a emergencias y cuente con apoyo mutuo entre regiones y istraciones si es preciso.

El segundo eje tiene el encargo de garantizar la continuidad asistencial durante interrupciones de suministros esenciales, minimizando problemas de salud en la población y manteniendo la calidad de la atención. Busca asegurar que hospitales, centros de salud y otros servicios puedan seguir lo más operativos posible ante estas situaciones.

El tercer objetivo es proteger a los pacientes especialmente vulnerables, que deberían estar identificados y que tanto ellos como sus familias deberían tener claro qué hacer y a quién recurrir ante fallos de suministro. En concreto, el plan hace énfasis en ayudar a pacientes electrodependientes y personas con discapacidad o de edad avanzada, pero también debe prever medidas para la conservación de medicamentos esenciales (vacunas, insulina, etc) que requieren refrigeración y para lograr la continuidad de los sistemas de información y comunicación sanitarios más involucrados en funciones críticas, como la atención de urgencias o el aseguramiento de la medicación y las terapias.

El cuarto eje persigue mejorar la resiliencia ante las crisis del propio Sistema Nacional de Salud (SNS), mediante la preparación anticipada de recursos técnicos, humanos, formativos y organizativos.

La última estrategia es la que que intentará automatizar la respuesta ante las emergencias, con un marco común nacional de actuación y protocolos y guías técnicas que sirvan de referencia para que cada autonomía elabore, revise o actualice sus planes de contingencia locales y los de sus centros. Este marco debería definir los distintos umbrales de actuación, procedimientos claros y roles específicos que cada nivel (nacional, autonómico y local) deberá asumir ante fallos en suministros críticos, respetando siempre el reparto competencial.