Dos nuevas sentencias en Gipuzkoa dan la razón a afectados por el cártel de coches

El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de San Sebastián ha dictado dos sentencias esta semana en las que reconoce el daño que sufrieron dos compradores que se vieron afectados por el intercambio de información que suscribieron varios fabricantes de automóviles entre 2006 y 2013, y que tuvo como consecuencia un alza en el precio. En ambos casos, la reclamación es contra el grupo PSAG (Peugeot, Citroen, Opel) y el juez Daniel Sánchez de Haro ha concedido una indemnización del 8%.

Hasta la fecha, los juzgados de Gipuzkoa han emitido cinco sentencias sobre este asunto y en cuatro han dado la razón a los afectados. En el quinto el magistrado desestimó la petición del cliente al considerar que el informe técnico incurría en imprecisiones. Pero, además, los dos últimos fallos han elevado la indemnización del 5 al 8% del importe pagado por el vehículo. Así, el tribunal donostiarra concede en el primer caso 1.551,72 euros al afectado (sin IVA y más intereses legales) y en el segundo, 675,11 euros.

El origen de esta problemática se remonta, como decíamos, a años atrás. La CNMC impuso una sanción en 2015 a 34 marcas de coches por haber creado un cártel. ¿De qué se les acusaba a las empresas automovilísticas? De intercambiar información confidencial, mediante un acuerdo, para controlar el mercado de la distribución y venta, lo que iba en contra de la competencia y de los consumidores, ya que los fabricantes implicados suponen un 90% de la cuota del mercado del motor. Como consecuencia de ese intercambio de información, el 'cartel de coches', como se ha denominado, fijaba los precios entre aquellos años para reducir la competencia, lo que hizo subir el coste de los mismos entre 2.000 y 9.000 euros.

Según diversas fuentes, unos ocho millones de consumidores estarían afectados en todo el país. Se trata de aquellas personas que compraron entre febrero de 2006 y agosto de 2013 un vehículo de las marcas Citroën, Nissan, Chevrolet, Chrysler, Fiat, BMW, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW Audi o Volvo en alguno de los concesionarios sancionados. En el caso de Gipuzkoa, en ese periodo se comercializaron 69.985 turismos y todoterrenos. Lo que no quiere significar que todos estén afectados, ya que la casuística y las fechas varían en función de la marca y el modelo. Con todo, el abogado José Manuel Urkiri, que ha presentado una decena de demandas en los tribunales donostiarras, considera que «hasta un 90%» podrían estar afectados.

Asociaciones de consumidores y despachos de abogados preparan miles de demandas, pero están afinando las pruebas periciales para elevar las cuantías a recuperar, que hasta ahora estaban rondando el 5% del importe pagado por el vehículo. Las dos últimas en Gipuzkoa han elevado ese porcentaje al 8%, aunque ya hay fallos que están dictando hasta un 10%, como es el caso de un juzgado de Pontevedra.

Ya saben que la batalla judicial en este proceso estriba en cuantificar el sobrecoste supuestamente pagado por los s como consecuencia del acuerdo en precios. Letrados que llevan estos casos recomiendan a los afectados que se pongan en o con las asociaciones de consumidores para presentar sus reclamaciones. En el caso del País Vasco, la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) llevan más de 300 casos, más de un tercio en Gipuzkoa, tal y como precisa el abogado Urkiri. Recuerdan, además, que el plazo para presentar demandas alcanza hasta 2026, por lo que esperan una «avalancha de demandas» en los próximos meses.