Casi sobre la campana y tras «un esfuerzo ímprobo por parte de los técnicos y los informáticos del departamento de Hacienda de la Diputación», ... según palabras del propio diputado, Jokin Perona, los 100.000 jubilados guipuzcoanos que tributaron de más en el IRPF tras haber cotizado antes del año 1979 a una mutua recibirán en su declaración de la renta la devolución que les corresponde. Una operación que supondrá un coste total para el fisco foral de 40,5 millones de euros y que deriva de varias sentencias del Tribunal Supremo que evitan lo que se conoce como doble imposición o, dicho de otro modo, pagar dos veces por lo mismo.
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Este monto de 40,5 millones corresponde únicamente a la actualización de la declaración de 2023 (a cumplimentar en este 2024). Y es que, como ya ha publicado este periódico en varias ocasiones, los cobros ligados a los años aún no prescritos (del ejercicio 2019 al 2022) deberán reclamarse directamente a Hacienda por parte de los mutualistas, bien por internet, a través del sencillo impreso disponible en su página web, bien de manera presencial o desde la plataforma Zergabidea.
Al presentar ayer la Campaña de la Renta, Jokin Perona explicó que desde hoy, y tras incorporar a los sistemas de la torre de Errotaburu los datos de los mutualistas facilitados por la Seguridad Social y otros organismos de la istración central (algunos enviados hace apenas unos días), «el 100%» de los pensionistas guipuzcoanos que cotizaron a una mutua tendrán a su disposición toda la información sobre el ajuste.
La alusión al 100% en boca del diputado tiene su sentido, ya que esa postrera información llegada desde la Seguridad Social habría impedido que se actualizaran todas las declaraciones, quedando unas 3.000 sin ajustar. Ese grupo, que ayer no podía acceder a su propuesta de autoliquidación ni tampoco a su información fiscal (pues en ambos casos se les anunciaba que su documentación se estaba actualizando) verá solventado el problema hoy «a la mayor brevedad posible».
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Por el contrario, resaltó el diputado de Hacienda, los 97.000 pensionistas exmutualistas restantes sí tenían a esa documentación.
De ese grupo, aquellos para los que se ha preparado una autoliquidación, la propuesta también incorpora las aclaraciones, porcentajes y explicaciones ligadas a ese recálculo de la base por la que se debe declarar la pensión.
Una cantidad que toma en cuenta los últimos 35 años cotizados a la correspondiente mutua (tal y como señala una reciente sentencia del TS de enero de este mismo año) y que, en definitiva, reduce la cantidad por la que los jubilados tributan sus rendimientos de trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
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Básicamente, detallan fuentes de Hacienda, «se calcula el tanto por ciento de pensión por jubilación que está recibiendo el contribuyente correspondiente a aquellas aportaciones que se hicieron a la mutua hasta el 31 de diciembre de 1978, y a ese porcentaje se le aplica una exención del 25%».
«Hemos intentado hacer todo lo más sencillo posible, tengo plena confianza en el trabajo de nuestros equipos», dijo Perona.
En el caso, por ejemplo, de las propuestas de autoliquidación los interesados habrán de observar la primera y la tercera páginas del documento. En un caso se incluye un cuadro en gris en el que bajo el epígrafe 'Importante-Mutualidades Laborales' se advierte de que se ha aplicado la reducción a la pensión por la sengtencia del TS. Además, en la tercera, se desarrolla esa propuesta ya ajustada.
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8 de abril Se abre el plazo para aceptar las autoliquidaciones.
11 de abril Se inicia el plazo para la modalidad de internet.
12 de abril Se abre el plazo para reservar cita para la mecanizada.
16 de abril Se inicia el plazo para la mecanizada.
1 de julio Finaliza la campaña.
La directora de Hacienda, Irune Yarza, recalcó que la Hacienda guipuzcoana se mueve siempre por el carril marcado desde la Seguridad Social a través de sus datos. Y explicó que si hubiera alguna persona que entiende que tiene derecho a la reclamación, por estar afectados por las sentencias del Tribunal Supremo, y no constara entre los citados 100.000 mutualistas, deberá dirigirse él mismo al fisco y «aportar la documentación necesaria» que entienda que sostiene su petición «para poder realizar el cálculo».
Ese camino contrasta radicalmente con el que se ha aplicado para la generalidad de los involucrados, que no han tenido que indagar ni buscar ellos mismos sus papeles. De todos modos, y según fuentes de Hacienda, que no se atreve a hacer estimaciones, es previsible que esos casos resulten completamente marginales en número.
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Jokin Perona no fue el único que alabó y puso en valor el trabajo de los técnicos. La subdirectora de Gestión Tributaria, Yolanda Domínguez, hizo lo propio y resaltó que «este año se ha reforzado el equipo con 33 personas más a fin de poder atender cualquier duda de nuestros contribuyentes y en especial de aquellos colectivos como los pensionistas afectados por la sentencia del Supremo».
La Hacienda Foral enviará este año 275.900 propuestas de autoliquidación. De estas, 195.050 son a devolver y 80.850, a pagar. En caso de estar de acuerdo con las citadas propuestas, que para los afectados han de incluir el ajuste, se puede dar la conformidad tanto por internet como por teléfono en el 943-113000.
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El impacto que para Hacienda va a suponer el ajuste en las declaraciones de los pensionistas exmutualistas que pagaron de más y otras medidas que se aprobaron para mitigar el golpe de la inflación o la incertidumbre geopolítica en los bolsillos de los ciudadanos (sobre todo la deflactación de la tarifa en un 2%) han generado también un pequeño agujero para el fisco foral, que ha visto cómo el balance de la renta de este año (la que toma en cuenta los datos de 2023) le sale a pagar. En concreto, una media de 1.215 euros a los 295.000 contribuyentes a quienes les salga a devolver.
El mordisco global asciende a 52,8 millones de euros, que derivan de los 358,4 millones que se devolverán a los ciudadanos y los 305 millones que se espera ingresar por el IRPF y que, es evidente, no compensan la primera cifra.
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Así lo detalló ayer el diputado de Hacienda, Jokin Perona, a la hora de presentar el balance de la campaña, que citó también entre las medidas para aliviar a las familias la deducción de 200 euros para las rentas inferiores a 35.000 euros o la elevación de los gastos de difícil justificación al primer sector o los transportistas.
«Ante contextos de crisis e incertidumbre es necesario exprimir al máximo las competencias fiscales para garantizar el equilibrio y la cohesión económica y social del territorio», señaló Perona, quien con la vista puesta en el corto y medio plazo lanzó un mensaje de «tranquilidad y confianza» en el plano económico para el territorio.
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En total, la institución Foral prevé recibir en esta campaña 415.000 declaraciones, 15.000 más que el año pasado, que se podrán tramitar a través de tres modalidades: propuestas de autoliquidación, de forma presencial o a través de Zergabidea (internet).
Perona, al igual que la directora de Hacienda, Irune Yarza, resaltaron «la importancia de continuar manteniendo la modalidad presencial, ya que hay personas que lo necesitan y por tanto es nuestra responsabilidad proporcionar un servicio de atención de calidad». En esta línea, apuntaron, se habilitarán once oficinas de atención en nueve municipios del territorio con un equipo propio de 153 personas. Hacienda espera que 77.000 personas presenten la declaración a través de esta modalidad.
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Un año más el diputado de Hacienda animó a la ciudadanía a presentar la declaración en euskera. «Nuestra istración tributaria está preparada para atender a los contribuyentes en eusker», afirmó.
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