El Gobierno propone crear un nuevo impuesto para limitar la compra de vivienda a los extranjeros

Finalmente, y ante el hecho de que el impuesto de Transmisión de Patrimonio recae en las comunidades autónomas –muchas gobernadas por el PP– se ha optado por la creación de una nueva figura que, de inicio, duplicará el precio final de la vivienda para estos compradores, para desincentivar sus operaciones.

Tal y como reza la propuesta, la cuota íntegra del denominado 'Impuesto Complementario Estatal a la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la UE' «se obtendrá aplicando a la base imponible [el precio de la casa en cuestión] el tipo de gravamen del cien por ciento».

Es decir, si un extranjero que no vive en España quiere comprar una casa de dos millones de euros, tendrá que pagar otros dos millones por este impuesto que afectará a todo el territorio, salvo a País Vasco y Navarra, por tener régimen foral.

Después, la cuota líquida (el importe que se paga) resultará de deducir al impuesto el de Transmisiones y el de Actos Jurídicos Documentados de las comunidades autónomas. Es decir, que el nuevo gravamen aplicará como una especie de complemento a los dos ya existentes. Tan solo estarán exentos de esta doble carga los «empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad económica».

Esta iniciativa, incluso antes de ser concretada, generó una fuerte polémica entre los inversores internacionales, especialmente los británicos, cuya población presenta una fuerte actividad inmobiliaria en nuestro país, que representaron un 8,7% de las compraventas totales de extranjeros el pasado año.

Es cierto que la demanda foránea explica buena parte del rally de precios de la vivienda en España, pero buena parte de esa demanda procede de internacionales que residen en el país, con lo que limitar la medida a los no residentes en la UE no ayudará a solventar el problema. Según datos del Consejo General del Notariado, este colectivo apenas representó un 1,6% del total de las transacciones del pasado año.

El otro gran reto del Ejecutivo es el de impulsar la oferta de alquiler asequible. En este punto, el PSOEaspira a que el Congreso dé luz verde también a su plan para imponer un IVA del 21% a los pisos turísticos. La idea es que estas casas dejen de ser consideradas como un negocio y tributen como actividad económica, siendo las plataformas digitales del sector las responsables del gravamen, para que los propietarios no puedan deducírselo.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, indicó que el objetivo de estas medidas es «preservar la función social de la vivienda frente a cualquier otro fin». Entre ellas también se plantea un alza de impuestos a las casas vacías, con una actualización del IRPF, que ahora oscila entre el 1,1% y el 2%. «Buscamos que estas casas pasen también a formar parte del alquiler residencial», explicó Rodríguez.