La quesería Aldanondo recibirá 34 millones de indemnización por el incendio de su fábrica en Agurain

En palabras de la firma, Generali siempre ha puesto en entredicho el origen del fuego para no pagar ni euro. Mientras tanto, en Aldanondo creen que tampoco pagarán todavía y que aguardarán a una próxima sentencia del Tribunal Supremo en una derivada de esta causa. «Es muy grave que una de las principales aseguradoras de Europa trate así a sus clientes y que, cuando sucede una desgracia, actúe de esta manera siendo condenada a pagar grandes cantidades de intereses moratorios, claramente diseñados para castigar el incumplimiento del asegurador», estiman en esta firma alavesa. «El caso de Aldanondo es un caso poco habitual por nuestro aguante y resistencia. Esto ha sido como David contra Goliat».

El siniestro se produjo la madrugada del 13 de agosto de 2018 con cerca de dos millones de kilos de queso dentro pero sin que se registraran daños personales ya que no había ningún trabajador en su interior. El fuego se desató en el almacén, donde se guardaban bobinas de plástico. «Necesitamos el dinero para comenzar a reconstruir las instalaciones en el mismo lugar y así retomar el negocio quesero», añade Fernández, quien explica que está previsto hacerlo en dos años, para mediadios de 2026.

Tras el incendio, Aldanondo demandó a Generali por incumplimiento de la póliza de seguro contratada, pero la compañía de seguros se negó a cubrir los daños porque, según ellos, no se activaron las medidas de seguridad contra incendios. Con posterioridad, en marzo de 2021, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria logró demostrar que el incendio no fue provocado y condenó a Generalis a pagar 29,4 millones de euros. Las dos partes interpusieron un recurso de apelación y, en consecuencia, en marzo del 2022, la Audiencia Provincial de Álava rebajó la indemnización a 20 millones. Este hecho fue recurrido ante el Tribunal Supremo.

Con motivo del incendio, Aldanondo aplicó un ERTE a sus trabajadores, unos 50, «porque esperábamos tramitar el siniestro con la aseguradora», asegura Fernández. Visto que no se recibían ninguna noticia, continúa, «al segundo año ya tuvimos que negociar con los trabajadores el tema de las compensaciones, pero cada vez las cosas se estaban poniendo más difíciles», detalla. Así, después de tres años de ERTEs consecutivos, la compañía quesera se vio en la obligación de liquidar y abonar los correspondientes despidos.

«Para nosotros fue muy duro desprenderlos de la plantilla y en un tiempo, cuando llevemos a cabo la reconstrucción, tendremos que volver a buscar personal cualificado para nuestra fábrica», concluye Fernández.