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«Es la primera vez que el personal penitenciario galo se enfrenta a una oleada de ataques como esta». La sindicalista Laure Cassier, responsable local ... de Force Ouvrière (FO) Justice, reconoce con estas palabras su preocupación y rabia ante el intrigante fenómeno que afecta las prisiones en Francia. Los centros penitenciarios y sus agentes han sufrido desde mediados de abril más de 65 actos vandálicos. La Fiscalía Nacional Antiterrorista ha asumido la investigación de aquellas acciones más graves (15) y las fuerzas de seguridad, que priorizan la pista del narcotráfico, han efectuado este lunes los primeros arrestos. Se han producido 25 detenciones en varios puntos del país.
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«Los métodos utilizados recuerdan los de las bandas de narcos. Han recurrido a intimidaciones, incendios de coches en los parkings o disparos con armas automáticas contra las puertas de esos centros, así como de los inmuebles donde viven funcionarios de prisiones», asegura Cassier en declaraciones a este medio. Esta militante de FO trabaja como secretaria en la Escuela Nacional de la istración Penitenciaria (ENAP) en Agen, en el suroeste del territorio galo. Allí tuvo lugar el primero de estos actos vandálicos con la quema de ocho vehículos. Los últimos de ellos ocurrieron durante la madrugada del pasado jueves en Marsella y Aix-en-Provence con el lanzamiento de fuegos de artificio.
Fue en la ENAP donde el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, detalló a finales de enero su proyecto de cárceles de alta seguridad para los narcos más peligrosos del país. En total, quiere encerrar a 200 en dos infraestructuras, la primera de las cuales estará lista para el próximo verano. La coincidencia entre ese anuncio y el lugar inicial de estos ataques refuerza la hipótesis de que sea una represalia por parte de los traficantes de drogas.
«Ha habido muchas interpretaciones. El Gobierno ha puesto el foco en los narcos, pero los encargados de la investigación también mencionaron la posibilidad de que se trate de una desestabilización extranjera o acciones de grupos de la extrema izquierda», matiza Dominique Simonnot, presidenta del Control General de los Lugares de Privación de Libertad (CGLPL), un organismo estatal independiente creado en 2008. No se puede descartar que los primeros actos vandálicos inspiraran a oportunistas con otras motivaciones. En Lyon, por ejemplo, provocaron un incendio en una empresa subcontratada por la multinacional Vinci y lo justificaron al ser un grupo «que gana mucha pasta construyendo prisiones donde maltratan a la gente».
Los hechos más graves han resultado las amenazas directas contra los agentes penitenciarios. Aunque no han provocado heridos ni muertos, han llegado a quemar vehículos delante de sus casas. «Sus direcciones postales no son públicas. En la mayoría de los casos las consiguieron siguiéndolos al salir del trabajo», explica Cassier. Según esta responsable sindical, «ha habido un aumento de la violencia en las prisiones sas durante la última década». Pone como ejemplo un atentado yihadista cometido en 2019 en el interior de una cárcel en el noroeste del país, o la brutal fuga el año pasado del narco Mohamed Amra —arrestado de nuevo en febrero en Rumanía— en que arrebataron la vida a dos agentes.
Más allá de estos episodios más extremos, ha empeorado la situación de las cárceles en el día a día. «Ha habido un abandono del Estado de los presidiarios, pero también de los vigilantes que ejercen su trabajo en condiciones horribles», lamenta Simonnot. Según la presidenta del CGLPL, eso está relacionado con el problema enquistado en Francia de la superpoblación penitenciaria. El país cuenta con casi 83.000 personas encarceladas por una capacidad real de 62.500, según datos de principios de abril. «Con un porcentaje del 130%, es uno de los tres Estados del Consejo de Europa (compuesto por 46) con una mayor sobrepoblación», advierte el jurista Jean-Paul Céré, profesor en la Universidad de Pau.
Según el presidente del Comité Internacional de Penalistas Francófonos, este problema resulta especialmente grave «en aquellas infraestructuras donde están encerrados los detenidos pendientes de juicio o los condenados con penas más bajas». En 15 de ellas el número de presidiarios supera el 200% de la capacidad permitida. «Hay detenidos amontonados los unos con los otros en pequeñas celdas. Algunos de ellos deben dormir en colchones en el suelo. Y eso por no hablar de la falta de higiene como la presencia de ratas, cucarachas o pulgas», denuncia Simonnot.
Los autores de los ataques los justificaron con la misteriosa pintada de «Defensa de los Derechos de los Presidiarios». Aunque no sorprendería a nadie que ese eslogan sea en realidad un pretexto, sí que muestra que los responsables de estas acciones son conscientes de poner el dedo en la llaga. La situación de las prisiones en Francia resulta preocupante.
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