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Instituciones Penitenciarias anunció ayer los últimos cinco acercamientos de los presos a cárceles del País Vasco. La noticia es un paso más en un proceso ... anunciado hace tiempo, a propuesta de las Juntas de Tratamiento de los centros, que cuenta con el impulso político del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y que, además, también suscita el beneplácito de EH Bildu, que ayer se felicitó por el final de la dispersión de los reclusos y que, objetivamente, provoca aún airadas voces en contra. En puridad legal, se cumple el reglamento penitenciario, que habla de acercar a los presos a los lugares en donde tienen su arraigo familiar y social. Si esto no fue así siempre fue porque en los años 80, el Ministerio de Justicia puso en marcha la estrategia de la dispersión para aislar al núcleo duro de ETA y acentuar sus contradicciones internas. Entonces, aquella política tenía sólidas razones para activarse.
No obstante, con el paso del tiempo, esta apuesta, planteada para aislar al sector más duro de la organización terrorista que comandaba el 'frente de presos', fue perdiendo parte de su sentido original. Más de once años después del fin del terrorismo de ETA, el final de la dispersión es un ejercicio lógico que debiera suscitar la máxima complicidad y unidad entre los demócratas, sin divisiones artificiales en busca de notoriedad. La izquierda abertzale señaló ayer que la dispersión vulneró los derechos humanos, pero la verdadera autocrítica pendiente la sigue teniendo en relación con lo que fue el ejercicio del terror y la intimidación, con los más de 300 crímenes de ETA sin resolver, con los miles de amenazados, heridos y damnificados. Verdad, justicia y reparación, pero desde una interpelación a las conciencias de quienes en su día jalearon, callaron o miraron para otro lado.
El fin de la dispersión cierra, en efecto, un ciclo demasiado largo y doloroso. Pero la perpetuación de ETA durante años fue el fruto de la anomalía moral e intransferible de quienes decidieron personalmente seguir empuñando las armas, frente al deseo mayoritario de la sociedad vasca, con el propósito de quebrar los mecanismos democráticos de voluntad popular, condenando a sus propias familias a sufrir las consecuencias de su sinrazón. Los presos que cumplen sus condenas en las cárceles de Euskadi y Navarra saldan también sus deudas con la Justicia y están acogidos al principio de legalidad que posibilita su reinserción. Es una garantía del Estado democrático que hace fuerte nuestra convivencia.
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