El apagón y el corte del AVE retan al Gobierno en su gestión de los servicios públicos

Las causas de la caída del suministro électrico están aún por determinar y el Gobierno ya ha trasladado la idea de que pasarán semanas antes de que el comité de análisis, pilotado por el Ministerio para la Transición Ecológica, pueda ofrecer una respuesta clara. Pero, entre tanto, en el sector se va asentando la idea de que la falta de adecuación    del sistema a un nuevo modelo enegético basado en una alta penetración de renovables tuvo mucho que ver en lo ocurrido y la presión sobre Red Eléctrica, de la que el Estado posee una quinta parte y es socio mayoritario, es cada vez mayor.

A apenas 48 de comparecer en el Congreso para hablar de este asunto (y también del gasto en defensa)Pedro Sánchez lanzó este lunes,    ante el Cercle d'Economía, en Barcelona, un mensaje en defensa de su agenda verde que, de alguna manera, sin embargo, implica la aceptación de esas tesis como posibilidad cierta. «Nuestro objetivo es reforzar un sistema eléctrico ya de por sí robusto, tal y como demostró su rápida recuperación, y lo haremos atendiendo al interés general, no a ninguna agenda particular -dijo en alusión a la exigencia del PP de que se revise el calendario de cierre de las centrales nucleares– y reafirmando nuestra determinación de seguir avanzando en la imprescindible transición energética».

El Gobierno sigue, en todo caso, resistiéndose a descartar la hipótesis de un ciberataque, una opción que rebajaría su responsabilidad en lo sucedido. Y de manera similar, el ministro de Transportes, Óscar Puente, abrazó este lunes la teoría de que tras el caos en el servicio ferroviario se esconde algo más que el habitual robo de cable y el «enganchón» de un tren Iryo en una catenaria y apuntó a un acto de sabotaje deliberado con el argumento de que el valor económico del cobre sustraído apenas llegaría a los 1.000 euros y se produjo en un tramo sin cámaras de seguridad crucial para la circulación.

El PP replica que el ministro solo pretende «lavarse las manos» ante una gestión deficitaria de lo ocurrido no solo este lunes, sino también el anterior, en el que, restituido el suministro eléctrico, aún costó restablecer el servicio de trenes de media y larga distancia. «Cuando todos los servicios públicos se le atragantan al Gobierno es el Gobierno el que se le atraganta a los españoles», esgrimen en Génova.

La ofensiva del principal partido de la oposición contra Puente es clara. Este lunes exigió su comparecencia urgente en el Congreso y echó mano del caso personal de tres de sus dirigentes afectados por el parón – el responsable del área económica, Juan Bravo; la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez o el secretario general en el Senado, Javier Arenas–    para ejemplificar la noche vivida por otros muchos s. «Familias con niños pequeños y ancianos que confiaron en un sistema ferroviario español poco fiable, con problemas diarios despachados con múltiples excusas y que altera la vida a cientos de miles de ciudadanos», afeó.

El PP pide además una auditoría interna «de toda la red ferroviaria» por los múltiples incidentes de los últimos meses y reclama no solo que se agilice la devolución del importe del billete a todos los afectados, sino indemnizaciones. «España ha pasado de modélica a convertirse en un modelo catastrófico con este Gobierno», criticó Bravo.

Las críticas contra el Ejecutivo también llegaron desde Madrid y Andalucía «Si gobernase el PP, la izquierda estaría incendiando las calles desde el primer día. Pero que nadie confunda la sensatez con la indiferencia. España está harta», escribió la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso, en sus redes sociales. Por su parte, Juanma Moreno, instó al Ejecutivo a realizar una «importante inversión ferroviaria» en Andalucía y, en lo inmediato,    a ofrecer «alternativas» y dar máxima prioridad a resolver la situación, justo cuando comienza la Feria de Abril.