Belarra precipitó el giro de Podemos para frenar el pacto fiscal con PNV y PSE

El giro en Elkarrekin Podemos, según han apuntado a este periódico fuentes conocedoras del proceso, comenzó a fraguarse en la mañana del lunes cuando un dirigente de EH Bildu, cuya identidad se desconoce, se puso en o telefónico con Ione Belarra, secretaria general de los morados, para advertirle de las serias consecuencias que tendría un acuerdo fiscal con PNV y PSE «para diez años» sin abordar un cambio estructural en el modelo tributario. Los resultados de la consulta interna en esta formación estaban 'calientes' sobre la mesa. Un 46% se posiciona a favor y un 43% en contra. La sorpresa en Podemos en Madrid, que tiene los datos del censo reales, es notable.

Richar Vaquero, coordinador de Podemos Euskadi, recibió de Belarra un mensaje muy crítico con el preacuerdo. Primero porque la consulta se había llevado a cabo con demasiada premura, sin seguir el modelo telemático de otros procesos y con una participación de los círculos que apenas llega al 25% de militantes. Desde Madrid se ha visto que ha existido cierta precipitación y falta de experiencia del nuevo equipo directivo. Belarra convenció a Vaquero de que un asunto de esta envergadura no podía despacharse en una consulta así, y que ésta no tenía que ser vinculante, a pesar de que se había presentado con esa naturaleza con anterioridad. La ejecutiva de Podemos Euskadi, que había apoyado antes de la votación entre los afiliados el acuerdo por amplia mayoría –la única opinión discrepante fue la del juntero alavés David Rodríguez– decidió por la tarde envolverse en un nuevo relato. Se pasaba de aprovechar la 'oportunidad' mediática que proporcionaba el pacto a volver a la exigencia desde la izquierda ante la existencia de un 'empate técnico'. La dirección de Podemos Euskadi se agarró al argumento de que la participación había sido baja y que el resultado no era concluyente. Y añadía que seguía abierta la mesa de negociación y estaban dispuestos a recibir nuevas propuestas de cambio 'estructural' de la fiscalidad por parte de jeltzales y socialistas.

El giro trastoca todos los planes y la apuesta por un pacto con Elkarrekin Podemos que había asumido el PNV a propuesta del PSE vuelve a encallar. Pero, más allá de desencuentros ideológicos y tácticas de corto plazo, se pone de relieve un escollo mayor. La controversia amenaza con cuartear el orden geopolítico vasco y, de rebote, el sistema institucional anclado en el Estatuto de Gernika. La introducción de lleno del tradicional eje derecha-izquierda en un escenario más complejo –la estrategia tributaria es el escaparate por excelencia de la personalidad de cada partido político– dinamita la frontera entre nacionalistas y no nacionalistas y abre una reflexión de fondo sobre la vertebración de Euskadi.

La revisión de la fiscalidad vasca se encuentra atrapada en un laberinto, en este momento, ante la falta de respaldo expreso de Elkarrekin Podemos y de EH Bildu. La última vuelta de tuerca es el mensaje del viernes del lehendakari Imanol Pradales al presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en busca de su complicidad. «El acuerdo sigue siendo posible, la empresa vasca le sigue esperando. En su mano está», señaló. En todo caso, De Andrés se apresuró ayer a responder que «nadie» ha llamado al PP vasco para negociar su apoyo.

El problema es que cualquier cambio de calado ideológico en favor de una política tributaria más 'recaudatoria', de mayor presión fiscal –una variable clásica en el debate convencional de las democracias liberales– tropieza con un poderoso escollo que la hace caótica: el riesgo de desarmonización fiscal y su posterior efecto desestabilizador en el modelo institucional vasco, consagrado en la Ley de Territorios Históricos desde el inicio de la autonomía estatutaria vasca y que es la ley constituyente de Euskadi como nacionalidad de régimen foral. Que cada territorio pudiera ir por su lado en función de sus diferentes mayorías diferenciadas expresa ese peligro, que solo quedaría desactivado si es el mismo partido el que gobernase en todas las instituciones. La arquitectura institucional depende de las diputaciones forales en materia fiscal y necesita armonización para la competitividad y por el complejo sistema de reparto. Y donde el Parlamento Vasco, que tiene la capacidad de armonizar, no puede entrar si no se quiere poner en riesgo la LTH.

Sobre el debate fiscal planea una histórica reivindicación sobre la que ahora, con matices, parecen coincidir el PSE y EH Bildu, que se refuerce el carácter normativo del Parlamento Vasco. La Ley de Territorios Histórico atribuye esta capacidad regulatoria a las Juntas Generales y modificar este capítulo reabriría la caja de Pandora del entramado institucional vasco.

La posible armonización territorial es un mantra que se repite de forma frecuente. En 2014, cuando el Gobierno foral guipuzcoano de EH Bildu acordó con el PSE un modelo distinto, el entonces diputado general de Bizkaia, el jeltzale José Luis Bilbao, realizó también una pregunta incisiva que se convertía en un aviso para navegantes y que guarda vigencia hoy: «Si dos territorios que suponen el 70% de la recaudación están armonizados y es el tercero el desarmonizado, ¿la mayoría debe hacer caso a la minoría o al revés?».

Sobre la propuesta del PSE de que el Parlamento Vasco sea el que decida y debata la fiscalidad, en detrimento de las diputaciones, Bilbao consideró que una «recentralización» en el País Vasco supondría alterar la representación paritaria de los territorios históricos y pasar a un modelo basado en la población de cada uno, con el que a Bizkaia le corresponderían 40 parlamentarios, a Gipuzkoa la representarían 24 y Álava tendría 11 diputados en la Cámara vasca, en vez de los 25 que elige ahora cada territorio.

La decisión del PSE de marcar una clara distancia con la propuesta del PP, que era la apuesta preferida en un principio por el PNV, obliga a los jeltzales a compartir una estrategia sobre fiscalidad y orientarla hacia el centroizquierda en busca de guiños que hagan factible la revisión, que no reforma, aclaran los autores de la propuesta.

El primer punto de conflicto estriba en qué se entiende por reforma fiscal y hasta dónde debe llegar. El acuerdo de 2025 entre PNV y PSE –que gobiernan en coalición las tres diputaciones– se propone como objetivo «la revisión fiscal y tributaria que mejora la progresividad y refuerza el tejido económico y social de Euskadi». Resulta significativo que se hable de «revisión», no de «reforma» del modelo.

La discusión tributaria ha subido de temperatura en un momento en el que aún se desconoce si la coalición PNV-PSE que gobierna en las tres diputaciones va a ser capaz de sacar adelante en las Juntas Generales de Gipuzkoa y de Araba con el respaldo de Elkarrekin Podemos y/o de EH Bildu una propuesta fiscal que sus firmantes ven que puede beneficiar a 1.038.000 contribuyentes vascos y la oposición limita a una «mera operación de maquillaje». O que, aunque no parece probable, sea al final el PP el que eche un cable y recoja el guante de la oferta realizada por el PNV y el lehendakari Pradales el viernes, en otro giro de última hora.

PNV y PSE defienden una revisión basada en una serie de medidas como las deducciones para rentas bajas, los incentivos fiscales para familias con hijos y los apoyos a la transición energética. A su vez, EH Bildu y Elkarrekin Podemos censuran este proyecto porque sostienen que no aborda las desigualdades de raíz. Su alternativa pasa por una subida de impuestos a las grandes fortunas, una mayor fiscal sobre las rentas altas y una reforma profunda que redistribuya la riqueza.

Sobre la mesa de debate pivota también el trabajo realizado en 2024 por la ponencia de las Juntas de Gipuzkoa en torno a la fiscalidad y que concitó el apoyo de PNV, PSE y EH Bildu. Aquel trabajo evaluó los efectos de las reformas fiscales de 2014 y 2018 con el propósito de que fueran compartidos por el Órgano de Coordinación Tributaria y las Juntas de los tres territorios históricos.