El decreto para el reparto de menores extranjeros no acompañados continúa generando tesiones entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Esta vez, y después de ... que Cantabria solicitase la expulsión de 18 jóvenes, la polémica viene desde el Ejecutivo central, que ha decidido recurrir al Tribuncal Constitucional (TC) la «negativa» de Aragón a colaborar en la ley que busca aliviar la situación de aquellos territorios más tensionados por la llegada de estos jóvenes, Canarias y Ceuta. El motivo de presentar este «conflicto positivo de competencia» es que la región no envió ningún dato sobre el estado de sus sistemas de acogida al Ministerio de Juventud e Infancia el pasado 31 de marzo, cuando terminaba el plazo dado por el departamento encabezado por Sira Rego.
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Así lo ha explicado la portavoz del Ejecutivo central y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros. «Dentro de los temas que hemos tratado esta misma mañana, figura el recurso que el Gobierno de España presenta ante el Tribunal Constitucional por la negativa del Gobierno de Aragón a cumplir con la ley y colaborar en la acogida de niños y niñas, adolescentes, migrantes no acompañados». Y es que este es el único territorio que no ha remitido la información solicitada, lo que ha llevado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Histórica a pedir que se llevase a cabo esta medida.
«Conocen que el Real Decreto-Ley fue aprobado el pasado 18 de marzo y que, por tanto, como saben y como corresponde ante cualquier Real Decreto-Ley aprobado, es de obligado cumplimiento para todos los territorios», ha recalcado Alegría. Una obligacón que consta en «la disposición adicional undécima, apartado 1, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEx), introducido por el apartado seis del artículo único del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo».
El presidente de Aragón argumentó en su momento que no iban a remitir los datos a Infancia debido a que habían presentado al TC un recurso contra el decreto ley ya que consideran que es una intererencia competencial. Sin embargo, el Gobierno «recuerda que la impugnación del Real Decreto-Ley por parte de la Comunidad de Aragón ante el Tribunal Constitucional no determina de modo automático la suspensión de su vigencia, siendo la suspensión, en caso de solicitarla la Comunidad Autónoma, valorada, y acordada o denegada, por el Alto Tribunal».
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Al conocer las acciones del Ejecutivo central, Aragón ha defendido que el Departamento de Bienestar Social y Familia rehusara aportar los datos de menores migrantes acogidos en la Comunidad Autónoma. «Creemos que el Gobierno de España está incumpliendo la ley y Aragón se defiende del Pedro Sánchez, que está conculcando el principio de igualdad con los criterios para el reparto de menores no acompañados, delegando la política de inmigración a Junts». «Nos defendemos, creemos que nos ampara la ley y estamos esperando las resoluciones», ha señalado.
No obstante, el Ministerio de Juventud e Infancia volvió a solicitar datos, más concretos y actualizados, a las comunidades autónomas tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Según anunció Rego la semana pasada, a partir de esta información comenzarán a hacer los cálculos pertinentes para determinar cuántos menores serán trasladados a cada territorio de los 4.000 que está previsto que salga desde Canarias y los 40 de Ceuta
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El Ejecutivo central no es el único que ha acudido a la Justicia en lo que respecta a la reforma de la ley de extranjería, puesto que las comunidades gobernadas por el PP también lo hicieron. Consideran que no se puede aplicar una medida que no ha contado con la participación de todas ellas y que, según denuncian, se negoció «con un prófugo», Carles Puigdemont.
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