Juzgan a familiares del expresidente sirio por blanquear en España durante 30 años

Finalmente serán ocho los acusados que serán juzgados y a los que la Fiscalía reclama seis años de cárcel respectivamente por un delito de blanqueo de capitales y multa de 2.100.000 millones de euros. Se trata de dos esposas de Rifaat, llamadas Raja Barakat y Line Al Khayer, y seis de los hijos que tuvo con ellas: Sabla, Siwar, Mohamed Ali, Ribal, Natal y Soumar al Assad.

La Fiscalía sostiene que Rifaat «diseñó una estructura societaria con el objeto de adquirir en territorio español una serie de bienes inmuebles utilizando para ellos fondos de procedencia ilícita. Para ello se valió, no solo de personas que diseñaron tal entramado societario en Gibraltar, condenados a prisión y cuya licencia para operar fue retirada por las autoridades del Peñón, sino también de los de su familia».

Sus familiares, según el Ministerio Público, «bien figuraban como teóricos de los órganos de istración de las distintas sociedades, ejecutando todas sus consignas, a fin de dar una apariencia de normalidad societaria, o bien se encargaban de la gestión, reportando siempre a Rifaat, que retribuía a dichos allegados con unas cantidades fijas anuales». «Esta organización empezó en torno a 1986 y estuvo funcionando hasta 2016, a modo de una estructura criminal de carácter familiar», sostiene la Fiscalía.

Sobre el origen de la fortuna, se remonta a noviembre de 1970, cuando Hafed al Assad, hermano de Rifaat, perpetró un golpe de Estado que permitió que este último tuviera «una posición muy importante dentro del régimen sirio como vicepresidente para asuntos de seguridad». La Fiscalía sostiene que controlaba los servicios de información y era jefe de las llamadas brigadas de defensa del régimen.

El escrito explica que «comenzó una sistemática campaña de enriquecimiento por medios irregulares basado en cuatro ejes, que duró al menos hasta el año 1984». En concreto, el contrabando desde el Líbano, el tráfico de obras de arte con el «expolio sistemático del patrimonio histórico de Siria», la usurpación de propiedades y su venta, y el tráfico de sustancias estupefacientes, fundamentalmente hachís.

El fiscal señala que tras un intento de hacerse con el poder en 1983, pactó con su hermano un exilio para lo que le facilitaron 214 millones de dólares con cargo a la Presidencia de Siria. Sin embargo, el total de dinero de origen ilícito, por diversas procedencias, ha sido estimado por la oposición en alrededor de 4.000 millones de dólares de la época.

Dado que se estableció en Francia, comenzó a adquirir allí palacetes, fincas y complejos inmobiliarios y desde 1986 con la estructura societaria organizada comenzó a hacer lo mismo en España. De lo investigado se ha sabido que el conjunto de propiedades adquiridas en nuestro país entre 1986 y 2005 asciende a 52,1 millones. Pero el fiscal valora que hoy tienen un valor de 700 millones.

El escrito recoge que Rifaat es el beneficiario de dos trust (fideicomiso) con sede en Las Bahamas, que son «la cabeza de una estructura piramidal de sociedades cuya única finalidad es ocultar la propiedad real de toda una serie de bienes adquiridos con dinero ilícito obtenido en Siria». La Fiscalía explica que la sociedad española denominada Pinlosac, dependiente de esos trust, es titular de hasta 244 plazas de garaje en el complejo Benabola de Marbella, y refieren la propiedad del acusado de otras 49 fincas, además de otros 92 pisos y apartamentos del complejo Benabola, que provienen de compras realizadas por 91 sociedades gibraltareñas también controladas por Rifaat.

El escrito refiere un sinfín de sociedades creadas con el propósito de ocultar el verdadero propietario de los bienes inmuebles, y añade que Assad también controla un restaurante en Puerto Banús, varios apartamentos, un local de shisha (cachimbas) y hasta una pizzería. Además, también se adquirieron tres todoterrenos blindados, relojes, joyas, metales, alfombras y marfiles por valor de 271.878 euros.