El PSOE apoya el embargo de armas a Israel en el Congreso

Los socialistas se han avenido a respaldar esta proposición para «dejar más clara la posición» del Ejecutivo y «empujarlo» en su posición frente a la actuación del Gabinete de Benjamín Netanyahu en el conflicto en Gaza. Defienden, frente a las críticas de «colaboracionismo» con Israel que les lanzan desde Podemos, que Pedro Sánchez «lidera» la respuesta internacional por la paz en la región.

El texto que el Congreso tomó este martes en consideración plantea prohibir cualquier recurso que sirva para fortalecer al ejército hebreo en su ofensiva contra el pueblo palestino, incluso si se trata material antidisturbios o combustible de ámbito militar, mediante una reforma de la actual normativa sobre el control de comercio exterior de material defensa y de doble uso. Hacen esto extensible a estados que hayan sido «demandados ante un Tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España» por la comisión de un «crimen de genocidio o de lesa humanidad», entre otras infracciones recogidas en los Convenios de Ginebra.

Además, incorpora un protocolo específico para que el Gobierno despliegue la inspección de la carga de los buques y aeronaves que pasen por España con destino a Israel y habilite la incautación de material militar que pudieran portar.

La semana pasada, Moncloa reactivó la petición que lanzó hace un año a la Comisión Europea conjuntamente con Irlanda para revisar los acuerdos comerciales entre la UE e Israel después de que otros socios como Países Bajos o Francia lo respaldaran, y ayer, la alta alta representante para Política Exterior comunitaria, Kaja Kallas, decidió revisar si el Estado hebreo está cumpliendo sus obligaciones en materia de respeto de los derechos humanos. De hecho, Junts advirtió al Gobierno que esta proposición de ley reitera ese acuerdo, pero que lo apoyan «en coherencia con el respeto a los derechos humanos». «No he visto tanto entusiasmo en perseguir a Hezbolá o Hamás, o con los marroquíes con el pueblo saharaui», señaló durante el debate el diputado posconvergente Isidre Galvin.

La proposición también tiene en contra un informe desfavorable emitido por el Ministerio de Economía que cree que «el mecanismo de control existente es insuficiente». Además, afirma que «la legislación actual permite un examen individualizado de cada solicitud».