Aumenta el conflicto en la educación concertada

ELA, Steilas, LAB y CC OO previsiblemente llamarán a los trabajadores de los centros a parar varios días entre principios de noviembre y principios de diciembre, y mantendrán la amenaza de una huelga indefinida posterior si las patronales no revisan su posicionamiento. La última reunión que tuvieron las partes fue el pasado 13 de junio y concluyó con reproches mutuos por falta de talante negociador. Las centrales mostraron su malestar porque Kristau Eskola, que aglutina a la mayoría de los colegios de este modelo de concertación, se presentó con el mismo documento que los representantes de los trabajadores ya habían rechazado con anterioridad. Desde entonces no se han retomado los os y los sindicatos han decidido forzar la situación con estos paros.

A falta de concretar las movilización, la secretaria general de CC OO de Euskadi, Loli García, confirmó ayer en una entrevista en Onda Vasca que desde junio «no hemos tenido ninguna noticia» y que por lo tanto «es previsible que este año vaya a haber movilizaciones importantes en los centros de enseñanza». La razón que dio fue «la situación sangrante» en la que se encuentran los trabajadores que tienen sin renovar el convenio desde 2009. Aitor Idigoras, de Steilas, y Axier San Miguel, de LAB, también comentaron ayer a este periódico que Kristau Eskola no se ha vuelto a poner en o con ellos desde la malograda reunión de junio, a pesar de que la patronal había anunciado que iba a convocar «reuniones bilaterales y la mesa del convenio al conjunto de implicados en este conflicto a fin de llegar a un acuerdo». Respecto a las fechas concretas de las movilizaciones, los representantes sindicales emplazaron a la rueda de prensa del próximo martes para darlas a conocer.

Los sindicatos mantienen las mismas peticiones que cuando iniciaron las movilizaciones hace dos cursos. Solicitan un incremento salarial porque consideran que en la década que llevan sin convenio han perdido un 12% de poder adquisitivo, la reducción de las cargas de trabajo, avances en la «precaria» situación de los profesionales de la educación especial y primer ciclo de Infantil y la regulación de la FP.

Hace un mes el Consejo de Gobierno aprobó destinar 606 millones de euros a la red concertada de la enseñanza para cubrir la previsión de gasto para este curso. La partida supone un incremento de 27,5 millones frente a la cantidad transferida desde Educación el año anterior. La cifra se calcula en función del número de grupos formados en cada centro -7.157 aulas, 7 menos que hace doce meses-, que se destinan al gasto derivado de la enseñanza que incluye los salarios del personal docente y no docente, así como el funcionamiento ordinario de los centros. Esta cantidad también incluye la subida de un 2,25% de las nóminas, la misma que ya recibieron los profesores de la red pública. Además, más adelante también se reflejará en el sueldo de los trabajadores la subida del 0,25% para los empleados públicos que aprobó el Ejecutivo el 10 de septiembre.

De esta manera el Departamento de Educación intentaba contribuir a que los sindicatos y la patronal de los centros pongan fin al conflicto laboral, pero sin ejercer de intermediario, como han solicitado reiteradamente los sindicatos, la patronal y los padres de los alumnos. En concreto, en el acto de apertura de curso de los centros de Kristau Eskola, su director, Mikel Ormazabal, aprovechó su intervención para «pedir ayuda al Gobierno Vasco en la búsqueda de una solución» porque considera que los centros no tienen capacidad para satisfacer las demandas económicas de los sindicatos si no hay una mayor aportación de la istración. Precisamente en ese acto, que tuvo lugar el pasado día 24 de septiembre, fue cuando las centrales realizaron su última movilización al concentrarse ante las puertas del centro escolar de Vitoria donde tenía lugar.

Desde la consejería de Cristina Uriarte se insiste en que se sigue trabajando en el tema haciendo planteamientos que puedan contribuir a alcanzar el acuerdo, pero mantienen que «lo deben alcanzar las dos partes del conflicto».

A comienzos de este curso los padres de los alumnos de los centros de iniciativa social de la red concertada mostraban, a través de Miriam González, presidenta de la Federación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (FCAPP), su inquietud por cómo se encontraba la situación y aseguraban sentirse decepcionados con todas las partes implicadas. González señalaba que no descartaban tomar medidas legales porque «se vulnera el derecho a la educación de nuestros hijos, que es igual de válido que el derecho a la huelga».

En este sentido, Loli García itió ayer la repercusión social de las movilizaciones en el sector, aunque insistió en que se están reivindicando «condiciones justas. No es cuestión de alargar un conflicto por alargarlo, es que no tenemos en este momento ninguna posibilidad de enganche para establecer negociaciones que nos lleven a la resolución del conflicto. La pelota está en la patronal».