Euskadi dará un estatus propio a las familias monoparentales para reforzar su protección

El reconocimiento de las familias monoparentales se hará a través de un certificado, de forma similar a como se reconoce a las familias numerosas. El Gobierno Vasco prevé que el decreto pueda ver la luz «en julio o agosto» y, mientras, el Departamento de Bienestar ya trabaja en los textos legales que deben desarrollar las medidas de protección.

El decreto parte de la premisa de que la ley vasca de Apoyo a las Familias de 2008 aborda «la necesidad de protección de las familias monoparentales por ser especialmente vulnerables: este tipo de familia está expuesta a un mayor riesgo de pobreza, a dificultades para conciliar vida familiar y laboral, y a situaciones de exclusión social». Además, como ocho de cada diez familias monoparentales están encabezadas por una mujer, también están expuestas a «la discriminación por género». El propio Ararteko recomendó al Gobierno Vasco el desarrollo de instrumentos normativos que generasen «un marco unificado para la protección de las familias monoparentales».

Buena parte del decreto que prepara el departamento que lidera Nerea Melgosa se centra en definir cuál es el ámbito de aplicación de las familias monoparentales y lo que se define como «familia en situación de monoparentalidad». Entre las primeras se incluyen aquellas formadas por una persona y sus hijos, cuando en el Registro Civil figure ella sola como progenitora; aquellas en las que uno de los progenitores haya fallecido; cuando uno de los progenitores tenga atribuida en exclusiva la patria potestad; la que está formada por una persona acogedora permanente y las personas menores de edad acogidas; o cuando una única persona tiene atribuida la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva de una o varias personas menores de edad.

Por su parte, para ser considerada una familia «en situación de monoparentalidad» se recogen varios supuestos: que una de las personas progenitoras tenga la guarda y custodia exclusiva de los hijos, siempre que la familia no tenga ingresos económicos anuales superiores 2 veces el SMI; que la madre haya sufrido violencia de género por parte del otro progenitor; que uno de los progenitores esté ingresado en prisión; que uno de los progenitores tenga reconocida una gran dependencia, incapacidad permanente absoluta o gran invalide; que uno de los progenitores esté fuera del territorio nacional por una orden de expulsión; o que haya abandono de familia por parte de uno de los progenitores. Todos estos supuestos incluyen la condición de que «la familia no tenga ingresos económicos anuales superiores 2 veces el SMI».