Sube la tensión en el 'Hotel Barajas'

Allí duerme Cristina Rodríguez, de 46 años, que vive sin móvil ni correo electrónico desde hace cinco meses, después de vivir en un centro para mujeres maltratadas, un albergue público y un piso de una organización de «caridad. Yo estaba trabajando pero el sueldo no me alcanzaba para un alquiler», asegura mientras da un sorbo a una lata de cerveza. Dueña de una historia increíble y violenta, está en situación de calle desde 2021. La estancia en el aeropuerto es «guay, cuando no te roban el carro, aunque nos cuidamos unos a otros. Los de seguridad nos tienen muy controlados pero son educados. De día los que están muy cansados se quedan y los demás se van a buscarse la vida», dice Cristina, que se dedica a sacar los restos de tabaco de unas 40 colillas recogidas de los ceniceros y los mezcla en una lata. «Pero para dormir en este suelo hay que hacer algo. O beber alcohol o fumar porros. Es helado y duro».

Acompasados por el horario, en la T1 el personal de seguridad despierta, a su vez, a otro centenar de los que estiran sus cuerpos sobre cartones y abrigos, rodeados de sus maletas y bolsas. Hasta las ocho pueden seguir dormitando, sentados, afirma Salvador Méndez, que vive en el aeropuerto desde diciembre de 2022. Los primeros meses estuvo en la T4; luego se mudó a la T1. «Venimos por el boca a boca, para no pasar frío en Madrid. Hasta hace poco podíamos dormir por todo el aeropuerto porque éramos mucha menos gente. Ahora en la T4 están como si fueran bolsas de cadáveres», asegura Salvador, Dj de 28 años. Cuenta que terminó en la calle al regresar a Madrid después de romper con una pareja con la que vivía en Murcia y que dejó un albergue municipal después que le robaran sus pertenencias. «Aquí, incomodidades ninguna y el servicio de limpieza no te dice nada en los baños. El problema es que no tienes ducha y te echas un mínimo de higiene en el lavabo».

La mayoría de las personas sin hogar abandona el edificio y pone rumbo al pueblo de Barajas o al centro de Madrid, donde suelen desayunar en los puntos de ayuda, como la iglesia de San Antón. En el invierno de 2023, había 190 personas durmiendo en las tres terminales, según datos oficiales,y ahora el sindicato de trabajadores del aeropuerto, ASAE, calcula que son 500. Pero una fuente que trabaja con ellos a diario asegura que «no son más de 400», un dato que refrendan otras ONG. La ley no ampara un desalojo de ese espacio público. «A los que vivimos aquí los dividiría en cuatro secciones: personas vulnerables, mayores y familias; gente adaptable y adaptada que podría trabajar inmediatamente en cualquier empresa aunque siga viviendo en el aeropuerto; drogadictos o alcohólicos que necesitan asistencia psiquiátrica; y por último los agresivos», analiza Salvador, que unos minutos después será agredido por uno de sus compañeros, que le empuja y trata de golpear al grito de «maricón», al creer que le han hecho una foto con su complicidad.

La tensión crece. «Entre una mayoría de gente pacífica y buena, también viven personas con dependencias a drogas y alcohol que no sólo generan peleas entre ellos, sino que dan muchas molestias a pasajeros y trabajadores mendigando y pidiendo. Al no poder tener una higiene adecuada, generan muchos problemas de seguridad a los trabajadores del aeropuerto», advierte Antonio Llarena, secretario general de ASAE, que pide un «desalojo inmediato. La olla a presión ya ha estallado. Lo de Barajas es insostenible. De no hacer nada podemos encontrarnos con una situación explosiva y puede pasar cualquier cosa».

Los que pululan por el aeropuerto eligen las zonas de 'check-in', con sus pertenencias en los carritos de maletas a modo de equipaje. Cerca de los mostradores de facturación o de las mesas de las cafeterías, se entremezclan con los viajeros sin llamar la atención. Los hay elegantes, como Warner, norteamericano especializado en oratoria, que vive desde hace cerca de un año en la T1 pero prefiere no contar su historia y opina que «hay que ponerse en los dos lados, el de la empresa y el de la gente. Es un problema que se debería haber anticipado hace tiempo. Ahora vemos una reacción pero se tarda demasiado».

Este problema, en el fondo humanitario, se ha convertido en arma arrojadiza entre Gobierno central y autonómico, y sus respectivos partidos, con acusaciones mutuas de inacción. En la diatriba política, las ONG prefieren no hacer comentarios: «La situación es especialmente delicada ahora», responden de una reconocida organización religiosa. «No se van a hacer declaraciones», dice otra fuente, y una tercera explica: «Estamos viendo cómo el foco mediático se está desviando del verdadero problema, que es la falta de soluciones institucionales y de coordinación entre istraciones, para centrarse en las personas sin hogar, tratándolas como una amenaza. Esto no sólo las expone, las revictimiza».

Además de ser la puerta de España, por donde entran más de 50 millones de pasajeros cada año, Barajas es la punta del gigantesco iceberg del problema de la vivienda. El sinhogarismo creció un 24% en una década, sin que las autoridades impongan medidas efectivas para frenarlo. Casi 30.000 personas requieren atención en albergues y comedores sociales en las ciudades españolas y la cuarta parte vive en la calle, incluyendo las instalaciones del aeropuerto. Un tercio tiene alguna discapacidad o trastornos mentales, todo según datos del INE, y el 76% son hombres. Los porcentajes de Barajas son similares, indica una encuesta de la 'mesa de solidaridad', con edades medias en la franja de 45 y 64 años.

Mientras tanto, la empresa responsable del aeropuerto, AENA, aplica medidas, algunas extraoficiales, como eliminar los bancos –para que no duerman-- y los enchufes –para que no carguen los móviles--, según quejas de los afectados. La gestora asegura que «advirtió hace meses» al ayuntamiento de Madrid sobre una «situación» que pone en riesgo el «buen funcionamiento de la actividad aeroportuaria» y este jueves incrementó la presión con un «requerimiento legal» para que «atienda la necesidad habitacional», mientras anunció que impediría el paso en la noche a los que no sean pasajeros. Ya se exigía la tarjeta de embarque para acceder desde el metro a partir de las 22 horas, sin que eso frenara el flujo hacia el 'Hotel Barajas'.

Como en el resto de España, las personas sin casa que se reúnen en Barajas son españolas (26%) y de otras nacionalidades. En el Adolfo Suárez -nombre completo de las instalaciones de Madrid- hay españoles, latinoamericanos, europeos del Este, británicos, ucranianos, norteamericanos... Muchos más hombres que mujeres.

Se agrupan por sus perfiles, en tribus que conviven siempre en guardia. «Que no se metan conmigo ni con mi esposa porque no sé lo que hago», advierte Libra, un hombre colombiano de unos 40 años que elige su signo del zodiaco para identificarse. Obrero de profesión, está con su pareja y un sobrino en Barajas desde hace seis meses, cuando iba de tránsito a Polonia.

«Nos ofrecieron trabajo pero era una estafa.Cuando llegué aquí no existía el billete para Varsovia ni los de regreso. Perdí como 20 millones de pesos (unos 4.500 euros)», asegura Libra, que espera en una esquina de la zona de 'Salidas' con un grupo de personas, la mayoría mujeres mayores y uno en silla de ruedas, junto a diez maletas, cuatro bolsos grandes y catorce bolsas de mercado, con algunas esterillas. «Ahora ellos son mi familia». Antes de las 17 horas bajarán al lugar de pernocta para no quedarse sin sitio.

Mientras se calientan los ánimos, la prensa sensacionalista hace su aparición. «¿Qué está pasando que vienen mucho?», pregunta Cristina Rodríguez, sobre unos cartones, con un zapato puesto y el otro no, por una lesión en uno de sus pies, «cuando bailaba ballet». Los programas televisivos atacan con el micrófono y la cámara encendida desde varios metros atrás a los vulnerables. «Nos acosan, todos los días. Mañana, tarde y noche vienen a grabarnos. Estamos durmiendo y de madrugada nos alumbran y despiertan», relata una mujer que no quiere que salga su nombre «ni mi cara», española criada en Cuba, de 63 años. «A una que me filmaba a tres metros le dije que le iba a meter la cámara por el c., y me trajo a la policía». Sin preguntar antes, sin pedirles permiso.

El vértigo mediático empezó cuando la prensa alarmó sobre una supuesta plaga de chinches, con «algunos trabajadores» que denunciaron picaduras. AENA desmintió la existencia de una «plaga», aunque sí reconoció que una empresa «especializada en desinsectación» halló «algún insecto en puntos muy limitados y delimitados». En todo caso, afirmó, «no se puede confirmar» que las personas sin hogar sean el «origen» de los chinches en una infraestructura por donde transitan 200.000 personas diarias.

La 'mesa técnica de calle', que agrupa a varias ONG especializadas en sinhogarimo, advierte que «se viene transmitiendo una imagen caótica de la situación en el aeropuerto, alimentada por determinados discursos mediáticos plagados de prejuicios, malentendidos y altas dosis de aporofobia y desinformación» con «una intencionalidad clara, en busca de un desalojo masivo y sin alternativas para las personas que allí sobreviven».

Y prosiguen, en una carta que circula este fin de semana: «Las personas que allí viven y duermen lo hacen porque no les queda más remedio, porque no tienen mejor alternativa. Porque ante la crisis residencial actual y ante la insuficiencia de las políticas públicas de protección social, vivir en la calle o en alojamientos de fortuna es una consecuencia cada vez más habitual».

Los que están allí prefieren no marcharse, temen la incertidumbre del exterior, aunque cuando el clima mejore iniciarán su itinerancia. «Yo sólo veo ventajas», afirma Cristina, que lava su ropa en una lavandería de la ciudad «por cuatro euros», allí también encuentra mudas «ya limpitas» que completan la «ropa buena» que abandona en las balanzas «la gente que va con sobrepeso». «Pero no quiero cronificar mi situación». Con una rutina de recoger los desperdicios de las mesas de los negocios de comida rápida, para comer y beber lo que encuentre, Cristina dice: «Reconozco que no estoy comiendo bien. Si encuentro restos, me dejan llevarlo. No pido dinero ni nada». Ella, y otros cientos de personas, están dentro de la pelota que se lanzan las autoridades en un juego cada vez más caldeado.