Impuesto turístico: una iniciativa pensada por primera vez para la Capitalidad Cultural 2016

¿Será esta la definitiva? El debate sobre la implantación de una tasa o impuesto turístico que pagarían los visitantes que duerman en establecimientos de pernocta lleva abierto más de una década en Euskadi, con fases de mayor intensidad alternadas con otras en las que la propuesta quedaba guardada en un cajón.

En síntesis, el Ayuntamiento de San Sebastián fue la primera istración vasca que se planteó seriamente crear esta figura recaudatoria y la que con más insistencia la ha reclamado. En el otro lado, el Gobierno Vasco ha sido el encargado de frenar esta posibilidad. Hasta ahora, cuando superados los efectos de la pandemia de Covid, sí considera adecuado diseñar un impuesto para los visitantes.

En medio, la Diputación de Gipuzkoa ha ido cambiando de parecer con los años, en parte porque también ha ido cambiando el color político de los responsables de Turismo. Preguntado por su postura en el momento actual, el departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio declinó hacer pública su opinión.

La idea de estudiar la posibilidad de instaurar una tasa turística apareció públicamente por primera vez en 2012, después de que este impuesto entrase en vigor en Cataluña.

La posible creación de este gravamen venía recogida en un informe que el Ayuntamiento de Donostia elaboró ese año de cara a la Capitalidad Europea de la Cultura de 2016. En el citado estudio se analizaba la potencial repercusión económica que la Capitalidad podía tener en el territorio. Un año después la Diputación, gobernada entonces por Bildu, cerró la puerta al tributo al considerarlo «inadecuado» en ese momento.

Tras las elecciones de 2015, Donostia y la Diputación, esta de nuevo con PNV y PSE al mando, retoman la idea y el Gobierno Vasco se abre a debatir en 2016. Fue la época en que la cuestión se abordó de forma más intensa. La radical oposición del sector hizo que el Gobierno Vasco renunciase a seguir adelante en 2019.

Pero ni Donostia ni la Diputación de Gipuzkoa se rindieron y en 2020 se propusieron avanzar y estudiar a fondo las opciones y viabilidad de la tasa. La llegada del Covid suspendió temporalmente toda posibilidad de llevarla a la práctica.

Superado lo peor de la pandemia, Donostia volvió a introducir la cuestión en el debate político y público en el verano 2022. Ese año el Gobierno Vasco rechazó de nuevo cobrar un extra a los turistas al menos «hasta que se consolide la recuperación tras el Covid». Ese momento llegó en 2023. Con récord de turistas ya ese verano, y con la mente puesta en la siguiente legislatura (la actual que se inició en 2024) el Ejecutivo autónomo vio llegada la hora.

Solo quedaba lograr un consenso sobre cómo, quién y para qué se recaudaría. Un trabajo que sigue pendiente.