La Justicia guipuzcoana arrastrará retrasos por la pandemia todo el año

La pandemia además no ha hecho sino poner en evidencia uno de los problemas que los juzgados llevan reclamando desde hace años, como es su modernización, a través de un sistema informático renovado, la implantación de los juicios telemáticos para agilizar algunos procesos o la incorporación del expediente digital. Si bien este último resulta aún lejano en Euskadi, desde la istración se han comenzado a dar pasos para desempolvar el sistema judicial y acercarlo a la era digital. No obstante, la urgencia ahora pasa por abordar las complicaciones adicionales provocadas por la pandemia, que son muchas.

El parón judicial en seco durante dos meses por el confinamiento fue un golpe del que los juzgados aún no se han recuperado. Entre marzo y junio solo se mantuvo la actividad esencial, como los juzgados de guardia. El resto de procedimientos, incluidos los istrativos, se suspendieron. Tampoco se podían registrar nuevos asuntos. La actividad regresó además con los meses de verano, que en el ámbito judicial son mucho más relajados, con un menor número de juicios. Se implantaron las sesiones por la tarde para tratar de agilizar el trabajo, aunque fue una medida sin mucho éxito. También se decidió hacer hábil el mes de agosto para la celebración de juicios, una «decisión política dirigida a la galería que perjudicó más que solucionó», afirma la decana del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, Lourdes Maiztegi. Un «ataque a nuestro derecho al descanso y a la conciliación familiar», añade Pablo Gómez, presidente del Colegio de Procuradores de Gipuzkoa.

Desde septiembre, de forma progresiva, se están volviendo a señalar los juicios y actos procesales afectados por la suspensión, aunque, como indica el nuevo presidente del TSJPV y aún al frente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, afectados por «dos elementos distorsionadores». Por un lado, «la dificultad derivada del cumplimiento de las pautas sanitarias», como la reducción de espacios o la desinfección de salas tras cada declaración, lo que alarga las sesiones, y «la dilación que supone, para los asuntos de nuevos ingreso, el gestionar de forma prioritaria los procesos afectados por la suspensión legal». Estas declaraciones de Subijana fueron realizadas en febrero, antes de su nombramiento como presidente del Superior vasco.

Además, son numerosos los juicios o procesos que tienen que ser suspendidos a diario porque alguna de las partes -abogados, fiscales, acusados o testigos- se encuentran en cuarentena por contagio de Covid-19 o por o estrecho con una persona positiva. «Uno de los problemas que estas suspensiones genera, principalmente en el orden penal, es que no se justifica la excusa, por lo que realmente no se sabe si es cierto que la persona está infectada», señala Santiago Romero, juez titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Donostia y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Esa coyuntura de medidas y suspensiones se va a mantener al menos durante todo el 2021, según indican las previsiones sanitarias. Pero los retrasos podrían agravarse por la entrada de asuntos relacionados con las «consecuencias económicas de la pandemia», apunta Iñaki Subijana. «Cuando finalice la prohibición legal de presentar solicitudes de concurso voluntario y la vigencia de los ERTE se va a producir un incremento significativo de carga de trabajo en el orden mercantil», señala el magistrado, que asegura que el juzgado de lo Mercantil ya presenta un volumen de trabajo superior al 200% de lo previsto para este tribunal. Una sobrecarga que también será evidente en el orden social.

A juicio de la decana del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, «hasta que no se invierta suficientemente en medios materiales y personales en la Justicia» no cree que vaya a haber una mejora de la situación respecto al año pasado. Asimismo, Pablo Gómez apunta que el sistema de cita previa instaurado para evitar las aglomeraciones en los juzgados «no sirve más que para dilatar y aumentar aún más el daño ya causado. Las pocas medidas judiciales han sido estériles para paliar el gran retraso que se ha acumulado». En este sentido Maiztegi denuncia que el Juzgado de Donostia exige que sean los propios abogados quienes presenten los escritos iniciadores de procedimientos, «un desacierto que no tiene justificación y que parece responder a dar satisfacción a otros intereses que alejan una buena prestación de servicio público».