La quiebra de una aseguradora de Luxemburgo deja en el aire los ahorros de cientos de vascos

Desde la Asociación para la Defensa de Consumidores y s de Bancos, Cajas y Seguros –Adicae–, que llevan este asunto con una plataforma, establecen en 5.000 euros de media el dinero que han invertido los ciudadanos y que ahora tratan de recuperar, al menos en parte. La situación de insolvencia de esta firma alcanza a 40.000 personas en el conjunto del Estado.

FWU comercializaba seguros de vida ligados a inversiones –'unit linked' o fondo de seguro diversificado–. Estos productos combinan protección y ahorro/inversión, pero el riesgo lo asume el tomador, no la aseguradora. Ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos de solvencia, la autoridad de Luxemburgo declaró la liquidación de FWU el pasado 31 de enero. Días antes, el día 23, se suspendió el cobro de primas a los asegurados y con carácter previo se bloquearon todos los pagos desde la aseguradora, y las comunicaciones a través de su página web. Este proceso ha dejado bloqueados los fondos de los clientes, sin garantías de recuperación total, ya que depende de la venta de activos, un proceso que podría prolongarse durante años.​

Fuentes de Adicae explican a DV que el liquidador «determinará el importe que recuperarán los asegurados sobre la base del valor liquidativo de sus contratos, y se lo comunicará a todos por carta antes del 31 de julio». Las mismas fuentes agregan que «si no se está conforme con la cantidad reconocida por el liquidador, se podrá presentar una reclamación de cantidad diferente» –en cualquiera de los casos antes de 31 de enero de 2028 se debe presentar una declaración de reclamación firmada–.

El liquidador puede aceptar o no la solicitud de reevaluación del crédito o reclamación respondiendo con carta certificada. En caso de negativa, el consumidor puede elevar su reclamación al Tribunal de Arrondissement de Luxemburgo en el plazo de 40 días desde la recepción de la carta certificada, y este responderá a la reclamación.

«Se plantea la duda sobre cuál será el valor liquidativo de estos contratos y cómo se calculará. Desde Adicae se han realizado consultas a la Dirección general de seguros y al liquidador respecto a la forma de cálculo, pero aún estamos a la espera de respuesta», añaden.

La aseguradora comenzó a operar en España en 2014 y «principalmente captaba gente de entre 35 y 40 años. Las aportaciones solían ser de entre 100 y 200 euros al mes, por lo que hay gente afectada con varios años de aportaciones que nos llevan a estimar esa media de 5.000 euros de dinero invertido», relatan desde la asociación Adicae.

El patrón que se repite en este caso se asemeja al de otros similares. Es decir, se vendieron productos complejos como seguros. En muchos casos había pérdida de liquidez. Es decir, no se podía recuperar el dinero fácilmente. Se dirigieron a clientes minoristas, muchas veces sin la debida evaluación de idoneidad o perfil de riesgo. Y la información precontractual era deficiente o inexacta. Los intermediarios jugaron un papel relevante en la distribución, a veces sin comprender del todo lo que ofrecían a sus clientes, que en muchos casos confiaban en sus asesores de toda la vida.

Hace cuatro años, otro episodio con características parecidas sacudió a algunos inversores: el de Herrero Brigantina. Esta empresa, que se presentaba como un grupo de consultoría y mediación en seguros y finanzas, comercializaba productos de inversión disfrazados de seguros de vida, muchos de ellos bajo la fórmula 'unit linked'. A través de su red comercial –que operaba agresivamente en ciudades pequeñas y medianas– ofrecía estos productos como seguros y rentables, cuando en realidad se trataba de inversiones de alto riesgo, sin garantía de capital ni liquidez inmediata. En muchos casos, los productos estaban vinculados a aseguradoras extranjeras que después resultaron tener problemas financieros o regulatorios, como Nobilis Vie (Francia) o Integrale (Bélgica).

Al igual que ha sucedido en más de una ocasión, el problema principal radica en la falta de transparencia y la presunta mala praxis comercial. Muchos clientes, incluidos jubilados o personas sin conocimientos financieros, firmaron contratos sin entender que estaban comprometiendo sus ahorros en instrumentos ilíquidos y con un alto componente especulativo. Además, al no tratarse de productos ofrecidos directamente por bancos, los mecanismos de control eran más débiles.