Erkoreka: «No se puede descartar nada, tampoco que haya que restituir las multas pagadas»

Por el momento, el Gobierno Vasco ha tomado la decisión de paralizar la tramitación de todas las sanciones pendientes y Erkoreka cree que «previsiblemente habrá que proceder de esta manera». En el primer estado de alarma se interpusieron unas 23.000 denuncias, 13.500 de la Ertzainza y 9.500 de policías locales (sin contar los datos de Bilbao, Barakaldo y Vitoria).

Erkoreka ha explicado que hay 5.255 multas que ya se han pagado, y que lo que más preocupa en el departamento es saber qué pasará con ellas, con las que ya se ha recaudado 1.568.356 euros. «Habrá que ver qué pone la sentencia en relación a esos expedientes, si el tratamiento va a ser el mismo en todos los casos o si es obligatorio restituir la situación en todos los supuestos, se haya pagado o no», ha dicho Erkoreka, que también ha cuestionado qué ocurrirá con aquellas multas que, tras ser reclamadas han sido ratificadas por la Justicia.

El vicelehendakari ha destacado el «esfuerzo» que ha supuesto para el departamento de Seguridad el asumir la gestión de todas esas denuncias, «que han multiplicado por 40 los expedientes sancionadores que hay en un año». «Las policías cumplieron rigurosamente con la implicación en el cumplimiento estricto de la normativa» solicitado por el Estado, lo que implicó asimismo «un reto para el departamento, con la contratación de nuevo personal para gestionar esos expedientes y el desarrollo de una aplicación informática en la que hubo que invertir». «Y ahora que tenemos todo en marcha, todo puede quedar en agua de borrajas, lo que transmite un fuerte desanimo después del esfuerzo realizado», ha insistido.

Para Erkoreca resulta «sorprendente y chocante» la decisión del TC, la cual a su juicio «va a traer consecuencias importantísimas». No obstante, insiste en que hay que esperar a que la sentencia se dicte con todos los contenidos «para ver el alcance y las consecuencias con los expedientes abiertos. El tribunal tendrá que tener un criterio claro para ver cómo actuar».

A este respecto también se ha pronunciado Iñaki Subijana, presidente del TSJPV, que ha señalado que lo que interesa desde el punto de vista jurídico es «conocer los argumentos que justifican el sentido de fallo y el voto minoritario, ampliamente minoritario».

A falta de esa información, explica que el fallo «viene a indicar es que una suspensión de derechos fundamentales exige la declaración de un estado de excepción». Sobre las consecuencias o reacciones sociales a la suspensión de la tramitación de las multas, ha dicho: «No soy capaz de predecir los comportamientos sociales. Hay que moverse en la responsabilidad individual y colectiva, y de principio de respeto al marco» legal.

A este respecto también se ha pronunciado Iñaki Subijana, presidente del TSJPV, que ha señalado que lo que interesa desde el punto de vista jurídico es «conocer los argumentos que justifican el sentido de fallo y el voto minoritario, ampliamente minoritario». A falta de esa información, explica que la sentencia «viene a indicar es que una suspensión de derechos fundamentales exige la declaración de un estado de excepción».

Sobre las consecuencias o reacciones sociales que podrían darse ante la suspensión de la tramitación de las multas, por la posibilidad de que la sociedad opte por no acatar la normativa actual, ha dicho: «No soy capaz de predecir los comportamientos sociales. Hay que moverse en la responsabilidad individual y colectiva, y de principio de respeto al marco» legal.