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La abrupta decisión de la istración Trump de cancelar la protección federal de los afganos contra la deportación ha enfurecido a los veteranos del conflicto, ... que acusan al Gobierno de traicionar la promesa «sagrada» que se hizo a los socios más vulnerables de Estados Unidos. Una decisión que califican de «profundo desaire y amargamente vergonzosa» que amenaza la seguridad de sus antiguos colaboradores, muchos de los cuales arriesgaron sus vidas para proteger las de los militares norteamericanos.
«Si intentan deportar a los afganos, verán un conflicto físico real entre los veteranos y el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas)», señaló Matt Zeller, veterano del ejército y destacado defensor de los aliados afganos de EE UU después de que su intérprete le salvó la vida. Muchos antiguos militares han dedicado tiempo y considerables gastos personales en la evacuación y reasentamiento de muchos socios.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, anunció este mes la terminación del Estatus de Protección Temporal, o TPS, del que gozan los afganos que ayudaron al ejército estadounidense durante los 20 años de ocupación del país asiático. La deportación dejaría a los antiguos colaboradores y a sus familias vulnerables a las represalias de muerte por parte del régimen talibán por su colaboración con EE UU.
Los afganos podrían ser deportados por la patrulla de inmigración ICE a partir de julio. Los grupos de defensa estiman que alrededor de unos 10.000 procedentes del país asiático viven en EE UU bajo la protección del TPS mientras se desarrolla el largo proceso de inmigración para la obtención de la residencia permanente. En el caso de los afganos, el proceso es aún más difícil debido al absoluto caos que caracterizó el colapso de Afganistán en 2021, especialmente por las instrucciones que recibieron del Gobierno estadounidense cuando intentaban escapar.
A pesar de que el Ejecutivo de Joe Biden habilitó el programa de visados especiales de inmigración (SIV) para que los afganos que trabajaron con el ejército pudieran entrar en el país, el retraso en el programa acumulado durante años ha llevado a muchos afganos a utilizar otras vías para permanecer en el país mientras se tramitaban sus solicitudes de SIV o de asilo.
Tras la toma de Kabul por los talibanes, que derrocaron al Gobierno y a las Fuerzas Armadas afganas, el ejército estadounidense evacuó a decenas de miles de afganos en riesgo de muerte bajo el régimen talibán. Muchos de los que lograron subir a los aviones de evacuación quedaron separados de sus hijos pequeños, sus cónyuges o sus padres, a los que han intentado traer a EE UU durante años, así como otras decenas de miles más que quedaron atrás, incluidos los aliados que apoyaron el esfuerzo bélico norteamericano.
Como justificación para la terminación del TPS a los afganos, la istración aduce que bajo el Gobierno autoritario de los talibanes se han producido «mejoras notables» en el país asiático, algo que los defensores de los afganos califican de falso. «Para mí, como veterano, es increíblemente ofensivo», declaró Andrew Sullivan, un excomandante de de infantería que trabaja con la organización de veteranos No One Left Behind, una entidad sin ánimo de lucro que ayuda al reasentamiento de afganos e iraquíes que arriesgaron sus vidas para servir a EE UU durante sus guerras posteriores al 11 de septiembre.
La evaluación de la istración Trump de la «mejora» de las condiciones de seguridad en Afganistán es «risible» para Sullivan. «Si alguna vez hubo un país que merece el TPS, es Afganistán», zanjó. Sullivan participó el año pasado en una audiencia del Congreso dirigida por republicanos y centrada en las represalias de los talibanes, donde habló de sus encuentros con antiguos socios atacados o torturados por su colaboración con EE UU, incluido uno que ahora es parapléjico.
La organización Human Rights Watch señala en su informe sobre Afganistán de 2025 que la situación en el país «empeoró» el año pasado, donde «las autoridades talibanas intensificaron su represión de los derechos humanos, especialmente contra mujeres y niñas». Según el informe, más de la mitad de la población necesitó ayuda humanitaria urgente el año pasado, incluidos casi 3 millones de personas que se enfrentaban a «niveles de hambre de emergencia».
La organización nacional de derechos de los inmigrantes CASA Inc., ha interpuesto una demanda contra el Ejecutivo de Trump por la terminación del TPS de los afganos, argumentando que la secretaria Noem no siguió «los procedimientos de notificación que ordena la ley» poniendo «cruelmente en peligro» a miles de personas «que viven y trabajan legalmente en este país». El tribunal de distrito de Maryland, donde se verá el caso, ha fijado un calendario acelerado.
«Estamos rompiendo nuestras promesas», dijo Zia Ghafoori, un extraductor afgano que trabajó con las Fuerzas Especiales del Ejército antes de llegar a Estados Unidos en 2014. Ghafoori dirige ahora una organización sin fines de lucro que ayuda a otros antiguos intérpretes. «Prometimos a estas personas que si estaban con nosotros, nosotros estaríamos con ellos. Pero, ¿dónde están hoy esas promesas?».
La detención por el FBI el año pasado de un evacuado afgano acusado de planear un atentado inspirado en el Estado Islámico el día de las elecciones ha servido de argumento a la línea dura antiinmigración de los republicanos trumpistas, que han inflado sin pruebas una supuesta amenaza de los evacuados a la seguridad nacional.
El congresista republicano de Florida, Brian Mast, veterano del ejército que perdió ambas piernas en una explosión durante su servicio en Afganistán, y que convocó la audiencia del año pasado en la Cámara sobre las represalias de los talibanes, estableció que existe una marcada diferencia entre los afganos que trabajaron directamente con las fuerzas estadounidenses -que dijo no se verían afectados por la terminación del TPS- y los que no lo hicieron.
«Hay personas que tal vez trabajaron en una base como camarero o algo así. Eso no significa que estuvieran en misiones conmigo, reclutando gente», señaló, itiendo no estar demasiado preocupado por las represalias de ejecución o castigo sobre ellos si tenían que regresar a Afganistán.
Shawn VanDiver, presidente y director del consejo de #AfghanEvac, una coalición de grupos que han trabajado para sacar y proteger a afganos vulnerables, expresó su consternación por la «amnesia política» de personas como Mast. «Se trata de vidas reales, no de temas de conversación. La idea de que un cocinero, un conserje o un mecánico de (la base aérea de) Bagram merezcan menos protección que un intérprete de combate es una quiebra moral y una sandez estratégica», afirmó este veterano de la Marina. «Los talibanes no hacen evaluaciones de rendimiento. No comprueban los currículos. Matan a gente que estuvo asociada con nosotros», incidió.
La istración Trump ha intensificado, paralelamente, el escrutinio de la retirada de Afganistán, exigiendo responsabilidad para los 13 soldados estadounidenses y unos 170 afganos asesinados en un bombardeo suicida en el aeropuerto de Kabul durante la evacuación, apresuradamente orquestada por el Gobierno de Biden.
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