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El mes transcurrido desde el apagón del 28 de abril no parece haber descartado más que una de las hipótesis manejadas desde el primer momento ... por el Gobierno: la eventualidad de que el corte generalizado de suministro eléctrico en nuestro país se debiera a un acto deliberado de sabotaje. Aunque todas las demás se mantienen sin que sean especificadas, o en el plano de las declaraciones políticas que no han sido desmentidas mientras tanto. Como cuando el presidente Sánchez se aventuró a referirse a las responsabilidades que se les exigirían a las compañías privadas. O la diatriba que derivó en una contraposición entre el auge de las energías renovables y el cierre legalmente establecido de las centrales nucleares. La ineludible asunción de que se requerirá aún más tiempo para despejar la incógnita del apagón tampoco asegura que, llegado el día, se ofrezca una respuesta inequívoca y convincente.
Por una parte, no cabe descartar que la máxima aproximación posible a la solución del enigma vaya acompañada de interrogantes. Por la otra, a medida que avance el calendario se incrementarán también las reservas sobre la veracidad de las conclusiones que aporte un informe elaborado por quienes tenían la encomienda de prevenir el propio apagón, desde el momento en que la causa de éste y su hallazgo son asuntos de discusión pública imposibles de sustraer a las opiniones y a los intereses de diverso orden en juego. Esta misma semana la Aelec, de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP, pidió que la investigación en curso no se circunscriba a los veinte segundos anteriores al colapso del sistema, sino que se extienda a cuantos eventos extremos y generalizados tuvieron lugar en días precedentes. Comunicado que no puede saberse si ha sido atendido o desatendido por el Comité de Análisis que preside la titular para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, pero que a su vez puede ser barajado por la comisión correspondiente de la UE, e incluso ser contemplado en las diligencias que sigue la Audiencia Nacional.
Por otra parte, las comisiones de investigación sobre la crisis eléctrica solicitadas en el Congreso y en el Senado no se constituirán hasta avanzado el mes de septiembre, lo que da idea de la dilación del tema en el ámbito político con demoras y silencios que afectan además al prestigio exterior de nuestro país.
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