El Gobierno Vasco ultima un decreto ante el fin del estado de alarma que deberá cotejar con los jueces

El Gobierno prepara estos días la redacción del decreto que restringirá horarios, movilidad y aforos a partir de las cero horas del 9 de mayo, que es cuando vence la medida excepcional. El texto lo hará llegar a la sala de lo contencioso istrativo del Tribunal Superior Vasco y los jueces tendrán tres días para responder.

No será la primera vez en esta pandemia que el Ejecutivo debe hacer el contraste de un decreto con los jueces. En agosto del pasado verano tuvo lugar el primer episodio en el que el Ejecutivo se topó además con la negativa del TSJPV ante el polémico cierre del ocio nocturno. Meses después, el pasado 19 de octubre el Gobierno anunció también una serie de medidas, entre ellas limitar las reuniones familiares a seis personas, y dijo, por primera vez, que como había una cierta inseguridad jurídica, lo iba a someter a consideración del Tribunal Superior. Los jueces lo echaron abajo porque estimaron que constreñía derechos fundamentales y Urkullu decidió entonces pedir a Pedro Sánchez que habilitara un nuevo estado de alarma.

El pasado febrero se produjo un tercer revés judicial para el Ejecutivo, cuando el TSJPV no consideró suficientemente justificada la orden de cerrar la hostelería en los municipios que superaban una incidencia de contagio de 500 casos por 100.000 habitantes porque, a tenor de la evolución pandémica de los últimos dos meses, no veía una causa-efecto directa entre la apertura de bares y la subida de contagios.

Este decreto, similar al también están preparando otras comunidades autónomas, llegará tras una semana de alta tensión, en la que el lehendakari no ha tirado la toalla en su reclamación de una prórroga del estado de alarma para toda España, pese a la callada por respuesta que ha recibido, de manera reiterada, desde el Gobierno central. Ayer mismo, en la tribuna del Parlamento Vasco, durante el pleno de control, aseguró alto y claro que hará «todos los esfuerzos» necesarios «hasta el último momento» para presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a mantener la excepcionalidad para todo el país, más allá del 9 de mayo. Casi a la desesperada, Urkullu llegó a confesar su esperanza de que si no se da la posibilidad de una prórroga, el Gobierno de Pedro Sánchez ofrezca una «alternativa» con garantías jurídicas. Un extremo que tampoco parece convencer a Moncloa.

«¿Qué es mejor, disponer, de aquí a 15 días, de la protección jurídica que ofrece el estado de alarma o una falta de herramientas jurídicas que, en opinión de algunos, daría una mejor imagen?», se preguntó el lehendakari. A su juicio, la respuesta está «clara», dado que los ciudadanos prefieren contar con la seguridad que ofrece disponer de las debidas «garantías jurídicas».

El lehendakari defendió contra viento y marea la gestión de su ejecutivo de coalición y reclamó que no se «estigmatice» a Euskadi por los datos epidemiológicos actuales porque, según esgrimió, de la segunda ola en adelante todas las comunidades han tenido tasas superiores a las vasca. Tal parece ser su enfado por el señalamiento como la comunidad con peor situación, que ayer se asistió en la Cámara vasca a una inédita y extensa interpelación de su propio partido en un pleno de control, para defender su gestión de la pandemia del coronavirus.

Urkullu no solo defendió la gestión que ha hecho su gabinete de la crisis sanitaria, sino que destacó que las formaciones que integran el Ejecutivo vasco están de acuerdo «en lo sustancial», es decir, en la petición de que el estado de alarma se prorrogue «de una manera o de otra manera». En este asunto la vicelehendakari Idoia Mendia entiende que es el propio Urkullu el que lo tiene que pedir para Euskadi, pero él no lo comparte. El lehendakari subrayó que el Ejecutivo afronta la crisis sanitaria con «el impulso de un Gobierno único», que actúa «unido» para dar la mejor respuesta a la pandemia y que, en el caso de se produzca algún «desacuerdo», lo resuelve «con madurez y de forma constructiva».