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El Gobierno mantiene incólume su estrategia frente a las causas que salpican en los tribunales al entorno de Pedro Sánchez. Un día después de que ... la jueza Beatriz de Biedma concluyera que hay indicios para sentar ya en el banquillo de los acusados al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, al líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas por el caso de presunto enchufismo laboral para colocar al primero en un puesto de coordinación de los conservatorios de música creado en 2017 por la Diputación de Badajoz, varios del Ejecutivo se lanzaron a apuntalar su argumento de que todo obedece a una cacería de la derecha y la ultraderecha; también el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Bolaños se aferró a «las prisas» mostradas por la titular del Juzgado de instrucción nº 3 de Badajoz a la hora dictar su resolución, antes incluso de que la Audiencia Provincial haya resuelto los escritos de apelación presentados por las partes, para sembrar dudas sobre una actuación judicial que tildó de «sorprendente». La decisión de Biedma, contra la que no cabe recurso, es poco habitual ("nada", según el ministro) pero se se entiende mejor a la luz del contexto: el anuncio, el pasado viernes, de Gallardo de que dejaría su cargo como presidente la Diputación para ser diputado en la Asamblea de Extremadura. Algo que hace pocas semanas aseguró que no haría.
El movimiento del líder de los socialistas extremeños, que ha obligado a la renuncia de hasta cinco personas que lo antecedían en las listas, buscaba un efecto claro que el PSOE, sin embargo, no reconoce, el aforamiento justo cuando sabía que la jueza estaba a punto de dictar su auto. Ahora existe la duda de si ese aforamiento ya le protege o no. Gallardo recogió sus credenciales como diputado el pasado miércoles, pero aún no ha jurado el cargo ante el pleno de la Cámara regional y es en ese acto, en principio, donde se adquiere la condición plena de parlamentario.
Bolaños evitó dar nada por sentado, pero dejó abierta la posibilidad de que, efectivamente, deba ser el Tribunal Superior de Justicia y no la Audiencia Provincial quien se haga cargo ahora de la causa, al menos, en lo relativo al dirigente socialista. Se puede dar también la circunstancia de que se mantenga en la Audiencia para el resto procesados, incluido el hermano de Pedro Sánchez. El ministro justificó, en todo caso, que el aforamiento no implica «impunidad» sino que la competencia para juzgar corresponde a una instancia superior.
Como viene haciendo el PSOE en los últimos días, Bolaños pero también la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, argumentaron que el objetivo de hacerse diputado no es otro que el de poder ejercer la oposición al Gobierno que lidera en Extremadura la popular María Guardiola desde la Asamblea. Una cuestión meramente práctica que, sin embargo, hasta ahora nadie había planteado. «Es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo», dijo Bolaños. "Cada persona entiende que tiene que desarrollar su tarea política desde el entorno que considera más adecuado", añadió Montero.
Gallardo al margen, lo que de verdad abre un boquete al Gobierno es la situación judicial de David Sánchez. Es la primera vez que el hermano de un jefe del Ejecutivo español tiene que ir a juicio por corrupción. En Moncloa se afanan en trasladar tranquilidad. Aseguran que la decisión de Biedma no causó el jueves mayor sorpresa o "carraspera" vista la deriva que había ido tomando la instrucción. En la cúpula socialista tampoco se cansan de repetir que la causa quedará "en nada". Pero la maquinaria de respuesta política está en marcha.
Además de la insistencia en que todo es "un bulo" y una "persecución" de la derecha -"Si David no se apellidara Sánchez y fuera el hermano el presidente del Gobierno, aquí no habría caso", dijo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en Onda Cero- los ministros socialistas que también son líderes de la oposición en varias comunidades autónomas dispararon a su vez con causas que afectan a dirigentes del PP. Montero argumentó así que el presidente andaluz, Juanma Moreno, protagonizó "un caso mucho peor", la contratación de su hermana "ni más ni menos, que en un conservatorio que dependía de la Junta de Andalucía". Un caso que, alegó, "no tuvo ningún recorrido".
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