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Casi catorce meses después de que el Gobierno Vasco asumiera la transferencia de Prisiones, el incremento de cerca de 300 presos en las cárceles vascas ... ha obligado a la consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales a rechazar el traslado de 222 reclusos, 8 de ellos de ETA. La consejera Beatriz Artolazabal reconoció este miércoles, en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, las dificultades para asumir todos los traslados solicitados. Explicó las complicaciones derivadas por el incremento de la población penitenciaria en los penales vascos que en enero de 2021 era de 1.290 reclusos y ahora cuenta son 1.562, lo que supone 272 más. Zaballa es la cárcel vasca más poblada, con 837 internos, seguida de Basauri, con 396, y Martutene, con 329. Entre esa población reclusa, en el centro penitenciario Araba hay 72 presos de ETA, mientras que en el penal guipuzcoano son 36 y en el vizcaíno, 31.
Las causas del aumento de internos, que está «lejos» de las ocupaciones máximas, y que «no significa que las cárceles vascas no tengan capacidad para más internos», tienen que ver, según el Ejecutivo, con que son más los encarcelamientos que se producen que las puestas en libertad, y con que el flujo de traslados entre Euskadi y otras comunidades autónomas es menor que a la inversa. En el último año ingresaron 875 y dejaron la cárcel 748. Antes se resolvían estas situaciones distribuyendo a buena parte de la población reclusa en otras comunidades autónomas, pero desde el traspaso, «la práctica totalidad de quienes ingresan aquí se quedan». Además, hay que añadir que la cárcel de Martutene, casi llena, y la de Basauri son establecimientos antiguos y pequeños, y en el caso de Zaballa, no hay plantilla para abrir todos los módulos.
Total de reclusos 1.562 internos en las cárceles vascas. Son 272 más de los 1.290 que había en enero de 2021, tres meses después de que el Gobierno Vasco asumiera Prisiones.
Martutene Los internos suman 329, de ellos 36 son de ETA
Zaballa Acoge a 837 presos, 72 de la banda terrorista.
Basauri Son 396 reclusos, 31 de ellos de ETA.
Los datos ofrecidos por la consejera, que compareció a petición de Luis Gordillo, parlamentario de PP+Cs, revelan que en el último año se han producido 437 solicitudes de traslados de presos a prisiones vascas, de las que se han denegado hasta 222, ocho de ellos de ETA, y se han autorizado 178, de las cuales 81 cumplen penas por delitos de terrorismo.
Este incremento de la población penitenciaria no ha impactado «negativamente», en palabras de la consejera, en las condiciones de vida o en las posibilidades de tratamiento de los internos. Pero sí «limita», según reconoció, la posibilidad de asumir todos los traslados de penados que solicitan cumplir la condena en Euskadi. Ello ha obligado al Gobierno Vasco a priorizar en función de diversos criterios: el arraigo enfocado a las posibilidades de reinserción en el entorno, las posibilidades tratamentales o si se refiere a penados o preventivos -actualmente 1.381 frente a 181-. «En ocasiones hay que valorar también el desarraigo inducido por largos años de condena, lejos del entorno familiar y social donde sí pueden tener posibilidades de reinsertarse», explicó en la comisión parlamentaria.
Este escenario podrá corregirse, citó la consejera, «con el adecuado dimensionamiento» de la plantilla y con el aumento de capacidad que va a suponer el futuro nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa en Zubieta, que podrá albergar a 500 internos.
En su repaso al primer año de gestión penitenciaria del Gobierno Vasco, desde que asumiera la transferencia el 1 de octubre de 2021, Artolazabal también se refirió a la herencia recibida con limitaciones de infraestructuras y un dimensionamiento de la plantilla «que pronto se pusieron de manifiesto, como ya habíamos intuido al firmar la transferencia». También habló de la plantilla y los acuerdos con Acaip-UGT, el sindicato mayoritario, o sobre la bolsa de trabajo que prevé incorporar a 60 personas antes de que acabe el año. El Gobierno Vasco, que cifró en 120 el déficit actual de trabajadores en estas prisiones, tiene previsto lanzar una OPE para el personal funcionario de las cárceles en 2024. «Un modelo penitenciario como el que se pretende no puede hacerse con cortedad de miras; requiere años de esfuerzo y pedagogía», citó.
Gordillo, proponente de la comparecencia, criticó que desde el traspaso de la competencia penitenciaria a Euskadi «los problemas se han ido acumulando» en las prisiones de Euskadi pese a que el Gobierno Vasco dispone de «todos los medios a su disposición».
El Gobierno Vasco recibió este mismo miércoles la confirmación del tercer grado a una presa de ETA, cuya progresión había sido recurrida por el fiscal. Se trata de uno de los siete casos pendientes actualmente de resolución entre las 32 semilibertades a reclusos de la banda del total de 503 que ha propuesto el Ejecutivo vasco en su primer año de gestión penitenciaria. De esa treintena, solamente cinco presos no estaban en las cárceles de Euskadi antes del 1 de octubre de 2021, o lo que es lo mismo 27 ya estaban en centros penitenciarios vascos. Se trata en estos casos de internos con penas reducidas o más tiempo cumplido.
Artolazabal explicó en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco que en las cárceles vascas 441 personas están sujetos a distintas modalidades de tercer grado. «En apenas un año -señaló la consejera- se ha podido progresar a tercer grado penitenciario a 503 personas, lo cual nos acerca al 40% que nos propusimos como objetivo».
Subrayó que los autos de la Audiencia Nacional que han rechazado algunas progresiones aprobadas por el Ejecutivo vasco «no rebaten» las argumentaciones, sino que reclaman «más pasos» a los presos. La consejera expresó su malestar ante las críticas «injustas y falsas» que acusan al Gobierno Vasco de poner «alfombras rojas» a los presos de ETA. Reiteró el trabajo «riguroso» de los funcionarios encargados de realizar las propuestas de progresiones, sobre los que recordó que son los mismos que en su día fueron amenazados y, en algunos casos, asesinados por ETA por su condición de trabajadores penitenciarios.
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