El incremento de presos en las cárceles vascas obliga a rechazar 222 traslados, 8 de ellos de ETA

Las causas del aumento de internos, que está «lejos» de las ocupaciones máximas, y que «no significa que las cárceles vascas no tengan capacidad para más internos», tienen que ver, según el Ejecutivo, con que son más los encarcelamientos que se producen que las puestas en libertad, y con que el flujo de traslados entre Euskadi y otras comunidades autónomas es menor que a la inversa. En el último año ingresaron 875 y dejaron la cárcel 748. Antes se resolvían estas situaciones distribuyendo a buena parte de la población reclusa en otras comunidades autónomas, pero desde el traspaso, «la práctica totalidad de quienes ingresan aquí se quedan». Además, hay que añadir que la cárcel de Martutene, casi llena, y la de Basauri son establecimientos antiguos y pequeños, y en el caso de Zaballa, no hay plantilla para abrir todos los módulos.

Los datos ofrecidos por la consejera, que compareció a petición de Luis Gordillo, parlamentario de PP+Cs, revelan que en el último año se han producido 437 solicitudes de traslados de presos a prisiones vascas, de las que se han denegado hasta 222, ocho de ellos de ETA, y se han autorizado 178, de las cuales 81 cumplen penas por delitos de terrorismo.

Este incremento de la población penitenciaria no ha impactado «negativamente», en palabras de la consejera, en las condiciones de vida o en las posibilidades de tratamiento de los internos. Pero sí «limita», según reconoció, la posibilidad de asumir todos los traslados de penados que solicitan cumplir la condena en Euskadi. Ello ha obligado al Gobierno Vasco a priorizar en función de diversos criterios: el arraigo enfocado a las posibilidades de reinserción en el entorno, las posibilidades tratamentales o si se refiere a penados o preventivos -actualmente 1.381 frente a 181-. «En ocasiones hay que valorar también el desarraigo inducido por largos años de condena, lejos del entorno familiar y social donde sí pueden tener posibilidades de reinsertarse», explicó en la comisión parlamentaria.

Este escenario podrá corregirse, citó la consejera, «con el adecuado dimensionamiento» de la plantilla y con el aumento de capacidad que va a suponer el futuro nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa en Zubieta, que podrá albergar a 500 internos.

En su repaso al primer año de gestión penitenciaria del Gobierno Vasco, desde que asumiera la transferencia el 1 de octubre de 2021, Artolazabal también se refirió a la herencia recibida con limitaciones de infraestructuras y un dimensionamiento de la plantilla «que pronto se pusieron de manifiesto, como ya habíamos intuido al firmar la transferencia». También habló de la plantilla y los acuerdos con Acaip-UGT, el sindicato mayoritario, o sobre la bolsa de trabajo que prevé incorporar a 60 personas antes de que acabe el año. El Gobierno Vasco, que cifró en 120 el déficit actual de trabajadores en estas prisiones, tiene previsto lanzar una OPE para el personal funcionario de las cárceles en 2024. «Un modelo penitenciario como el que se pretende no puede hacerse con cortedad de miras; requiere años de esfuerzo y pedagogía», citó.

Gordillo, proponente de la comparecencia, criticó que desde el traspaso de la competencia penitenciaria a Euskadi «los problemas se han ido acumulando» en las prisiones de Euskadi pese a que el Gobierno Vasco dispone de «todos los medios a su disposición».