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5.250 nuevas viviendas de alquiler asequible a disposición de la ciudadanía vasca en los tres próximos años. Ese es el objetivo que se marca ... el Plan Director de Vivienda 2025-2027 que el Gobierno Vasco ha aprobado este martes y que remitirá hoy mismo al Parlamento para que pueda ser estudiado por los grupos. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha indicado que otro de los retos que se marca la hoja de ruta del Ejecutivo hasta 2027 es impulsar un fondo social de vivienda que movilizará inversión pública y privada para aumentar el parque de VPO.
El objetivo inmediato del plan es impulsar 7.000 viviendas de alquiler asequible durante la presente legislatura, de las cuales «5.250 se pondrán a disposición de la ciudadanía en los próximos tres años», en línea con la hoja de ruta del Pacto Social por la Vivienda, que aspira a alcanzar en 2035 las 50.000 viviendas protegidas, duplicando el actual número de viviendas de protección pública en alquiler, lo que permitiría pasar de un parque total (alquiler y compra) de 74.000 a 116.000 viviendas protegidas.
La presentación de este plan director supone el despliegue de una estrategia integral para hacer frente a lo que el propio consejero ha calificado como una «auténtica emergencia habitacional» en Euskadi. «Hemos perdido los equilibrios en el a la vivienda. El coste del alquiler o la compra supera ya el 30% de los ingresos, y llega incluso al 39% entre quienes están registrados en Etxebide», ha destacado Itxaso. En su opinión, «encontrar hoy un alojamiento digno ya no es solo un problema de los más vulnerables; afecta directamente a la estabilidad de las clases medias». En esa línea, Itxaso ha instado a los grupos que sustentan al Ejecutivo (PNV y PSE) que den el paso de legislar con ambición «para ofrecer nuevas respuestas políticas a las clases medias vascas, ante la escasez y carestía de la vivienda».
El consejero ha explicado que la hoja de ruta del Gobierno Vasco se basa en tres pilares: «Reformas, recursos y acuerdos». Entre las reformas, Itxaso ha mencionado iniciativas como la ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda o el decreto de Medidas Urgentes que el Ejecutivo elabora en paralelo. Sobre los recurso, el consejero ha subrayado que «es necesario dedicar más recursos para aumentar la oferta de viviendas protegidas y asequibles y es posible hacerlo innovando con la creación de nuevos instrumentos de colaboración público-privada para apalancar una mayor capacidad de inversión en materia de vivienda protegida en alquiler». El tercer pilar son los acuerdos con los ayuntamientos, que se está materializando sobre todo con la colaboración para la declaración de zonas tensionadas, pero también en la «gran reserva estratégica de suelo» que Vivienda está acometiendo «de la mano de Eudel y los ayuntamientos vascos».
«Hemos demostrado que el problema, por complejo que resulte, tiene solución si se aborda con decisión, con nuevas herramientas, y con una política que sitúe a las personas en el centro», ha asegurado Itxaso, que ha indicado que el Plan Director de Vivienda parte de la convicción de que abordar el problema «exige actuar en todos los frentes, combinando políticas de oferta y protección de la demanda».
Vivienda ha estructurado el plan en torno a «tres grandes ejes: zonas tensionadas, reformas urbanísticas y colaboración público-privada». También se introduce la industrialización como estrategia transversal para reforzar el sector, hacerlo más competitivo y agilizar la promoción de más vivienda asequible con menor huella ecológica.
Al mismo tiempo, el plan establece mecanismos para proteger a los demandantes actuales de vivienda, priorizando el de jóvenes y personas con derecho subjetivo, garantizado por la ley vasca de Vivienda. Ahí se incluye la Prestación Económica de Vivienda (PEV), las ayudas a la emancipación juvenil y programas como Gaztelagun y Bizigune, con incentivos fiscales para personas inquilinas y propietarias.
Uno de los pilares del nuevo plan es la declaración de zonas tensionadas, un instrumento que, según ha explicado el consejero, se aplica «desde el acuerdo con los ayuntamientos, y no de forma unilateral». Esta declaración permite controlar el precio de los alquileres, ampliar la duración de los contratos mediante prórrogas extraordinarias y activar planes trianuales municipales para aumentar la oferta de vivienda en cada localidad. Este marco se completa con una fiscalidad reforzada para las personas propietarias que destinan sus pisos al alquiler residencial, así como con limitaciones al uso turístico de las viviendas en dichas zonas.
En paralelo, el Gobierno Vasco ha diseñado un paquete legislativo de reformas urbanísticas para acelerar y flexibilizar la gestión del suelo y la promoción de vivienda. «Las recetas pasan por agilizar, abreviar y flexibilizar los trámites urbanísticos, y por maximizar los recursos habitacionales de la ciudad ya construida», ha explicado el consejero. En este sentido, se está elaborando la ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda que permitirá a los ayuntamientos movilizar suelo con mayor rapidez, activar una gran reserva estratégica y convertir locales comerciales o espacios industriales en desuso en nuevas viviendas. Además, se establecen sanciones para los incumplimientos en zonas tensionadas y se amplían los umbrales de a programas dirigidos a las clases medias.
Consciente de que el reto también requiere de financiación económica, el Gobierno Vasco ha dado un paso más allá con la creación de un fondo social de vivienda que movilizará inversión pública y privada para aumentar el parque de vivienda protegida en alquiler. «Nos hemos apoyado en el Banco Europeo de Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial y en inversores vascos con vocación de permanencia y un firme compromiso social», ha anunciado Itxaso.
Este instrumento se complementará con el despliegue de la reserva estratégica de suelo ya mencionada, lo que permitirá multiplicar la capacidad de intervención y promoción de vivienda pública en todo el territorio.
Por último, el Plan Director de Vivienda 2025-2027 contempla una transformación profunda del sector de la construcción, apostando por su industrialización. «Sin modernizar el sector, las reformas y recursos de este trienio tendrían un alcance limitado. Por eso hemos impulsado una estrategia de industrialización que nos permitirá ahorrar plazos, reducir costes e impactos ambientales, y mejorar la seguridad laboral», ha señalado Itxaso.
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