La oposición marca distancias con el texto y los sindicatos anuncian huelgas

Entre los partidos políticos, EH Bildu fue con diferencia el más optimista sobre las posibilidades de acuerdo. El parlamentario Ikoitz Arrese aseguró que su grupo seguirá actuando «con rigor y responsabilidad» en torno al proyecto, con el objetivo de que el texto definitivo que surja del Parlamento «cumpla al detalle» con lo recogido en el pacto educativo suscrito el año pasado por el PNV, la propia EH Bildu, el PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU.

En referencia al tratamiento de las lenguas en el proyecto, recalcó que, si la ley recoge finalmente lo contemplado en el pacto educativo, «no habrá problema» para que su grupo «avale» esa parte del documento. «Desde EH Bildu no vamos a dejar pasar la ventana de oportunidad que hoy se abre», añadió.

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, señaló que la nueva ley vasca «pone a la educación al servicio del ideario de los nacionalistas y arrincona a la enseñanza concertada, vulnerando la libertad de elección de los padres vascos». A su juicio, el proyecto «sacrifica gravemente el futuro de los jóvenes» al «supeditarlo al interés nacionalista».

«Supone una vuelta de tuerca más en la imposición del uso del euskera. Se crea el instituto para el aprendizaje del euskera y el uso de las lenguas sin ninguna justificación y con el rechazo de los propios informes jurídicos y económicos del Gobierno Vasco», criticó Garrido.

Horas antes de que el Consejo de Gobierno aprobara el proyecto, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU indicó que, si este «no difiere sustancialmente» del borrador, no respondería a los retos de «lucha efectiva contra la segregación y el fortalecimiento de la escuela pública». «Se perdería una oportunidad única para cambiar el sistema educativo vasco en aquello que es disfuncional y deficiente», dijo.

ELA aseguró que la ley «no resolverá los problemas» del sistema educativo y advirtió de que «la movilización y la huelga serán imprescindibles para que se den pasos eficaces hacia una educación pública generalizada, el modelo de inmersión en euskera, el currículum vasco o unas condiciones laborales dignas».

«El objetivo de este proyecto de ley es perpetuar el actual sistema educativo introduciendo pequeños cambios superficiales», criticó la central. Para el sindicato, hará que perduren problemas como «un sistema educativo dividido en tres redes», ya que la ley «no dará oportunidad para que se produzca la transición» hacia «una red pública soberana».

El sindicato LAB aseguró que las conversaciones con Educación «han dado su fruto» y han conseguido «poner la base para un acuerdo que mejore las condiciones laborales de los trabajadores, tanto del personal público, del personal de las ikastolas y centros de iniciativa social que trabajan en el ámbito concertado, como del personal subcontratado».

LAB se refirió a cuestiones que, a su juicio, «requieren mayor desarrollo y concreción», como «una planificación dirigida a superar los modelos lingüísticos e implantar progresivamente un modelo de aprendizaje del euskara generalizado e inclusivo», o la implementación de «medidas a favor de la inclusión y contra la segregación».

CC OO Irakaskuntza rechazó el proyecto «en su totalidad» ya que supone «una amenaza» para la escuela pública vasca y no es «el que este país necesita». Entre otras cuestiones, criticó que «iguala» las dos redes educativas, no contiene «referencia expresa» de que los centros sostenidos con fondos públicos no puedan cobrar cuotas y «persiste en la indefinición» del tratamiento del euskera.

A pesar de «la palabrería y el humo», CC OO cree que el texto deja «claramente asentada la existencia de un 'servicio público vasco de educación' integrado por centros de titularidad pública y privada, que, en su fundamento, quedan equiparados en cuanto al tipo de servicio educativo que pueden ofrecer».

Euskalgintzaren Kontseilua señaló que el proyecto «necesita más euskera» y afirmó que seguirá realizando aportaciones para mejorar su contenido. En este sentido, defendió que la ley debe «hacer suyos los elementos más positivos recogidos en el pacto educativo», entre ellos, «el modelo inclusivo generalizado» y la evaluación externa de las competencias lingüísticas. La organización ve «con buenos ojos» elementos como «la definición del perfil de salida B2 para asegurar la competencia lingüística» del alumnado o «la consideración del conocimiento de la cultura vasca». Sin embargo, lamentó que el proyecto no recoja «las principales demandas de la mayoría de la comunidad educativa y sindical en torno al euskara».