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El Gobierno Vasco mantendrá «tal cual», sin modificaciones, el texto del decreto que prevé aprobar antes de fin de año para regular los Vehículos ... con Conductor (VTC) que se contraten a través de Uber o Cabify. Lo hará pese al revés dado por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) que cuestiona y censura algunas de las limitaciones que se establecen para este servicio, que acaba de entrar en Euskadi -no en Gipuzkoa- a través de esas nuevas y controvertidas plataformas digitales. El informe no altera los planes del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, que se limita a respetar el trabajo hecho por el órgano vasco de Competencia, pero defiende que la nueva normativa nace con el «acuerdo de todo el sector» y ha superado un largo proceso de contraste tanto con los implicados como con las instituciones locales y forales.
El informe, detallado ayer en estas páginas, considera «no justificadas» algunas de las restricciones planteadas en la contratación de VTC en la pretendida búsqueda de conciliar su servicio con el del taxi, y pide al Gobierno Vasco que las «elimine». Entre ellas, ve «discriminatorio cualquier tiempo mínimo» que se exija para contratar con antelación un vehículo, y asegura que no existe razón «de interés general» alguna que permita defender esos 30 minutos que impone el decreto a los VTC desde que el cliente pide el coche hasta que su conductor puede recogerle. «Perjudica al y limita la competencia en el mercado» porque «imposibilita a los VTC ofrecer un servicio eficaz», esgrime la AVC, que intuye que el nuevo decreto «pretende que la situación existente» ahora en este mercado de transporte de viajeros en turismos «se perpetúe en el tiempo».
Además, Competencia censura la prohibición de que los VTC «visibilicen su disponibilidad cuando están estacionados en la vía pública», o la de geolocalizar los vehículos, medidas que a su entender restringen la competencia y perjudican «gravemente» a los s al limitarles la opción de elegir operador.
El informe de la AVC recomienda sin matices una «revisión integral» de la normativa vasca. Pero el Ejecutivo también se muestra rotundo al asegurar que no modificará el texto ni ninguna de las condiciones que aparecerán en él. Las fuentes consultadas aseguran que no es un texto «improvisado», sino fruto de un trabajo de contraste con las empresas del sector que operan en Euskadi, tanto del taxi como de VTC, y con las instituciones, entre ellas Eudel, con lo que indican que tienen «la garantía y la tranquilidad» de que el procedimiento llevado a cabo «es correcto». Y por eso, mantendrán «íntegro» el contenido consensuado.
El Ejecutivo asume, no obstante, que si cuando entre en vigor la norma, a partir de enero de 2020, alguna entidad impugna alguno de sus artículos, rebatirán los argumentos y defenderán la legitimidad del decreto. Mantiene el calendario para la entrada en vigor de la norma que prevé aprobar antes de fin de 2019.
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