Las 10 noticias clave de la jornada
El Ejecutivo confía en que las nuevas ayudas animen a los bancos y cajas a alquilar sus casas. L.A. Gómez

El Gobierno Vasco subvencionará a los bancos por sacar sus pisos al alquiler público

El nuevo Plan Director de Vivienda les incluye en las ayudas de hasta 52.500 euros previstas por inmueble que se destine 50 años a rentas sociales

josé domínguez

Sábado, 8 de enero 2022, 07:52

El Gobierno Vasco trata de agotar todas las vías a su alcance para incrementar el alquiler protegido en Euskadi. Con este objetivo desarrolla el programa ... de intermediación pública Bizigune -desde este enero abona al dueño hasta 650 euros al mes, cobra al inquilino una renta social y ya gestiona 6.900 viviendas- y fue la primera istración autonómica que, en 2019, compró nueve pisos al 'banco malo' (Sareb, la sociedad que se creó en 2012 para adquirir casas sin vender de entidades financieras afectadas por la crisis del ladrillo). A partir de 2022 también potenciará los convenios con bancos y cajas que tengan propiedades si entran en el sistema vasco de subvenciones al arrendamiento público, que ha multiplicado sus cuantías en el Plan Director de Vivienda 2021-2023. Hasta 52.500 euros por hogar recibirán si lo rehabilitan y lo destinan a rentas de carácter social -las más bajas entre las protegidas- al menos durante 50 años.

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El viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, desconoce el número de inmuebles que podrían sumarse a esta iniciativa, pero pueden ser centenares. «Las entidades financieras tienen paquetes de viviendas, empresas tenedoras que gestionan sus pisos», explica el responsable socialista.

El Ejecutivo autónomo ya ofrecía incentivos a los bancos y cajas por alquilar sus casas. «Lo que pasa es que, como ocurría con los particulares, no veían atractivas las condiciones y preferían esperar y vender», ite Jáuregui, quien espera que las nuevas ayudas supongan un punto de inflexión. De hecho, remarca que las subvenciones que ya existían se han incrementado en más de un 30%, «pero es que, además, se han creado otras nuevas», con lo que las opciones se multiplican, «y en los tres próximos años pondremos a disposición de promotores y propietarios privados -entre ellos también las entidades financieras-, 60 millones de euros en ayudas de financiación especial que antes no había».

El acuerdo pasa por la cesión de estos inmuebles, por los que los bancos cobrarán sus tarifas de hasta 650 euros al mes, para que los gestione Bizigune. En la misma línea, el departamento fomentará convenios con otras entidades privadas y también con las que construyan inmuebles o rehabiliten otros ya existentes para destinarlos al arrendamiento protegido.

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La gama de ayudas es muy amplia en función de las opciones que se elijan. Desde préstamos sin interés para reformas, a ayudas a fondo perdido de 18.000 euros por vivienda si se alquila al menos 20 años o hasta 52.500 si se hace más de 50. Incluso la subvención sube a 55.000 si los inmuebles ya están protegidos y se destinan más de 75 años a una renta social.

Impulso a la iniciativa privada

Pedro Jáuregui espera que también estimule el alquiler público otro programa de reciente creación, Alokairu, al que, además de entidades financieras, pueden sumarse inversores «públicos y privados». El particular debe ceder edificios de nueva construcción o rehabilitados y el Departamento le garantiza el cobro del alquiler bajo los criterios de Bizigune con el compromiso, en su caso, de compra a largo plazo. Esta vez será el Gobierno vasco quien asuma la rehabilitación y mantenimiento durante el plazo de cesión, que puede ir desde los 7 a los 75 años, si bien las reformas se descontarán de la mensualidad.

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La clave

6.900viviendas gestiona el programa de intermediación pública Bizigune.

Otra medida que se abre a la iniciativa privada es levantar en sus suelos viviendas sujetas a un alquiler «asequible», más alto que el de VPO, pero más bajo que el libre. «Está destinado a los más de 7.500 inscritos en Etxebide que, por sus ingresos superiores a la media, entre 21.000 y 39.000 euros anuales, no logran acceder a una vivienda protegida», explica el viceconsejero. La previsión es que esta medida entre en vigor «en el primer trimestre del año», plazo que el propio Jáuregui fija también para la subida del precio del metro cuadrado de la VPO, sin actualizar desde hace años y motivo que esgrimen las promotoras para justificar la paralización de nuevas edificaciones. «Mejoraremos el precio de la VPO en compra, pero también la del alquiler porque es una opción que hoy apenas existe, pero que puede interesar al mercado», concluye.

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