Las ocho ayudas a la vivienda, de compra o alquiler, existentes en Euskadi

La CAV es autónoma en esta materia, y por eso camina en solitario con un sistema de ayudas sustentado en la oferta pública y en las deducciones fiscales, pero en el que hay cabida para subvenciones a la rehabilitación, medidas para facilitar la financiación, promociones específicas y/o cupos para colectivos a los que les resulta más complicado acceder a un piso como los jóvenes, habitar en una vivienda adecuada a sus necesidades como las personas mayores, o rehacer su vida por situaciones de maltrato, desahucio, migración o sinhogarismo. Es la población diana a la que, principalmente van destinadas unas ayudas, sobre todo en forma de oferta pública de alquiler específica, o ayudas directas como el programa Gaztelagun que financiará hasta un 50% de la renta en el mercado libre a jóvenes de 23 a 35 años que se quieren emancipar.

Los más de 1.100 millones provistos para implementar el plan estratégico diseñado para tres años permitirán al Departamento y sus sociedades públicas desarrollar todas las partidas mencionadas anteriormente. Pero a ese montante hay que añadir, fuera de ese Presupuesto, los gastos fiscales que cada territorio asume por las desgravaciones en materia de vivienda que se conceden en cada campaña de la renta. En Gipuzkoa, la previsión total para 2018 es de 125,2 millones, un 4,7% menos que en el ejercicio anterior. Cantidad a la que habría que añadir 1,8 millones derivados de las cuentas vivienda, otra fórmula diseñada para que la juventud se beneficie de deducciones fiscales mientras, en un plazo de 6 años, ahorre lo suficiente para acceder a la compra de un piso.

Según los datos de la Hacienda guipuzcoana, en 2017 las deducciones aplicadas por adquisición de vivienda habitual ascendieron a 99,54 millones de euros. Y la previsión para este ejercicio eran de 94,81 millones, un 4,7% menos. Los descuentos por compra de vivienda alcanzan hasta el 18% de la cantidad invertida (incluidos gastos e intereses) por un máximo de 1.530 euros. Porcentaje que asciende hasta el 23% para menores de 30 años o familias numerosas.

Ese descenso se compensa con el incremento, hasta un 7,5% más que en 2017, de las deducciones previstas por alquiler de vivienda habitual. En Gipuzkoa, este año se superarán los 30,4 millones cuando el pasado el gasto se quedó en 28,3. Una diferencia explicada en parte por el leve aumento de ciudadanos que optan por residir como inquilinos en detrimento de la propiedad. Los arrendatarios pueden deducirse un 20% de la renta satisfecha durante el año con un límite máximo de 1.600 euros, que en caso de menores de 30 y de familias numerosas se amplía hasta un 25% de las cantidades abonadas hasta 2.000 euros.

La Hacienda estatal eliminó en 2013 la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda. A partir de aquel 1 de enero solo los que hubieran adquirido un piso para residencia habitual o pagado obras antes de esa fecha –y que acabaran los trabajos antes del 1 de enero de 2017–podían seguir beneficiándose de esa desgravación. Dos años después, también los inquilinos dejaron de percibir parte de la renta abonada. Y durante el régimen transitorio solo los que alquilaron el piso antes del 1 de enero de 2015, y durante la vigencia del contrato, pudieron seguir deduciéndose el 10,5% de la cantidad satisfecha hasta 9.040 euros cuando la base imponible no superara los 17.701 euros, requisito este último que no se exige en Euskadi.

Junto con la promoción del alquiler, la nueva estrategia de vivienda del Gobierno Vasco para lo que resta de legislatura pone el foco en la rehabilitación de edificios para favorecer su adaptación a las necesidades de sus moradores y, así, facilitar que continúen viviendo en ellos. A partir del próximo año, el Gobierno Vasco va a impulsar una línea de crédito a la que, calculan, podrán acogerse entre 4.000 y 5.000 comunidades de propietarios cada año, para emprender obras de rehabilitación en sus edificios. Es decir, unas 20.000 viviendas se pueden beneficiar cada año de estos créditos para instalar, por ejemplo, 1.300 ascensores.

Para ello, el Ejecutivo va a provisionar un fondo de 30 millones de euros en los próximos tres años, y establecerá un programa de cofinanciación junto a entidades bancarias, con las que está negociando las condiciones de los préstamos personales y el coste financiero. La idea es que la cofinanciación se realice a partes iguales.

Hasta 2020, fecha hasta la que llega el Plan Director de Vivienda, el Ejecutivo ha presupuestado una inversión global de 93 millones para las diferentes medidas destinadas a fomentar la rehabilitación.