Los agricultores españoles se suman a la ola de movilizaciones en Europa

Las tres principales asociaciones del sector, COAG, Asaja y UPA, han decidido este martes acordar un calendario de movilizaciones que inicialmente se desarrollará en el ámbito de las comunidades autónomas durante las próximas semanas.

Sin fecha concreta todavía para el inicio de las protestas, el sector reclamará medidas de apoyo frente a las consecuencias de la sequía o la guerra en Ucrania -con presupuestos reforzados para los seguros agrarios- además de la modificación y ampliación de la ley de la cadena agroalimentaria «para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción».

Con batallas ya ganadas como la entrada en vigor de esa normativa o la extensión de la devolución del impuesto sobre la devolución del impuesto especial de hidrocarburos para gasóleo de uso agrícola -una de las principales reivindicaciones tras la crisis energética- la principal preocupación ahora es el desarrollo del Pacto Verde y la Agenda 2030 impuesto por Bruselas.

Según denuncian desde el sector, los plazos requeridos para acometer las nuevas inversiones en tecnología, bienestar animal o gestión de residuos requeridas en la normativa son poco realistas «y supondrán sobrecostes» que al final acabarán trasladándose a los precios.

Este 'pacto verde' también está detrás de los motivos que han sacado a la calle al sector del campo en Berlín o París, donde cientos de tractores siguen bloqueando el paso en autopistas por las que cada día circulan unos 20.000 camiones españoles, con un coste estimado de unos 10 millones de euros diarios por la paralización, según las principales patronales del sector.

En un comunicado remitido tras una extensa reunión, las tres asociaciones solicitan al Ministerio que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante las denominadas cláusulas espejo (condiciones que se deben incluir en los acuerdos comerciales que la Comisión Europea negocia con terceros países) para todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE.

En este sentido, denuncian los acuerdos de libre comercio con terceros países, reclamando la paralización de las negociaciones de pactos como el de Mercosur y solicitando un mayor control en la frontera con Marruecos «para garantizar que los productos importados cumplen con la normativa interna de la UE y las cantidades arancelarias establecidas».

«Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España», critican.

Las reivindicaciones también irán enfocadas a solicitar una mejora de las condiciones laborales al Gobierno y a las comunidades autónomas, exigiendo un reforzamiento de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional «ante la gran jubilación en el campo». Del mismo modo, piden replantear la instalación de energías renovables en terrenos agrarios, así como «frenar la especulación y la compra de tierra por parte de fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario».

Ante la tensa situación en el sector, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió este martes tras el consejo de ministros que el Ejecutivo «siempre ha estado de la mano del sector primario de nuestro país, con más de 4.000 millones de euros entre ayudas y bonificaciones y con leyes como la de la cadena alimentaria».