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El Gobierno Vasco acordó ayer con CC OO y UGT extender el teletrabajo hasta el 7 de septiembre para que sus funcionarios con ... hijos menores o personas dependientes a su cargo, además de los grupos especialmente en riesgo por el Covid-19, puedan realizar sus tareas laborales desde casa. Una medida de la que se beneficiarán unas 1.400 personas del total de la plantilla de la istración general y de sus organismos autónomos, que asciende a 7.200 empleados.
El acuerdo se alcanzó en la mesa sectorial de la istración General de Euskadi, que, como avanzó DV, se reunió ayer por la mañana para tratar de consensuar las medidas de conciliación laboral y familiar así como el cuidado de la salud tras finalizar el estado de alarma. Un encuentro en el que también participó ELA, aunque no suscribió el pacto, y al que rehusó acudir LAB.
La reunión se produjo dos días después de que el Gobierno central consensuara también con los sindicatos medidas similares para sus funcionarios, aunque en este caso el teletrabajo cuatro días a la semana se extiende hasta que finalice la situación sanitaria, con lo que todo apunta a que se prolongará más allá del mes de septiembre.
El acuerdo suscrito ayer en Lakua afecta a tres colectivos. El primero, el de los funcionarios que tengan hijos menores de 14 años o mayores dependientes, quienes tendrán la consideración de 'deber inexcusable', siempre que esté debidamente justificado, por lo que podrán seguir trabajando de una manera no presencial hasta el próximo 7 de septiembre. El segundo colectivo que se beneficiará de la medida son aquellos grupos 'especialmente sensibles' al Covid-19. No obstante, el pacto destaca que la clasificación de nivel de riesgo podrá ser revisable por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
El tercer grupo es el personal acogido al 'Programa de teletrabajo', es decir, aquellos que ya realizaban sus funciones desde sus casas antes de la pandemia. Estos seguirán en la misma situación hasta la entrada en vigor de la nueva convocatoria. La anterior se realizó el 21 de febrero y concluía a finales de este mes. En este caso, los trabajadores realizan tres días de teletrabajo y dos presenciales.
En estos momentos hay 202 personas acogidas a este programa, según indica Jonjo Agirre, responsable de ELA en Lakua. Por su parte UGT señala que se han triplicado las peticiones para la próxima campaña y que el Gobierno se ha comprometido a concederlo a todas las personas que cumplan los requisitos del Decreto del Teletrabajo. El Ejecutivo está analizando todas las solicitudes. El sindicato liderado por Raúl Arza indica que con toda probabilidad no se podrá poner en marcha la nueva campaña hasta octubre debido al cúmulo de solicitudes. La central también manifestó ayer su interés por que dicho decreto sea revisado y actualizado a la nueva realidad.
El resto del personal, unos 5.800 funcionarios se encuentran ya trabajando de forma presencial después de que el pasado 11 de mayo comenzara de forma progresiva y gradual el retorno a sus puestos físicos. Para esos se mantiene un horario flexible general de entrada, que se iniciará a las 7.30 horas, hasta el 27 de septiembre, cuando finaliza el horario de verano.
El viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, destacó ayer que el regreso a los puestos de trabajo se ha realizado con todas las garantías de seguridad para la salud de sus trabajadores. Zearreta quiso poner en valor la «voluntad negociadora de CC OO y UGT», una actitud que, en su opinión «es crucial en el momento que estamos viviendo para el futuro de Euskadi».
Por contra, el viceconsejero de Función Pública arremetió contra ELA y LAB: «No se puede entender la actitud de algunas centrales», indicó. Y achacó al sindicato nacionalista estar «siempre en el no» y a la central liderada por Garbiñe Aranburu de rehusar sentarse en la mesa.
La central nacionalista criticó al Gobierno por «firmar in extremis un acuerdo en minoría, obviando las reglas democráticas más elementales». Consideró que la propuesta es «de mínimos, necesaria pero a todas luces insuficiente, ya que no responde a las necesidades de todo el personal y deja fuera a miles y miles de trabajadores de otros sectores a cargo del Gobierno Vasco». De hecho, ELA exige que extienda estas medidas a todos los trabajadores de la istración General y a todos los empleados públicos de la CAV.
Por su parte, UGT subrayó que pese a la «premura» de la convocatoria de la mesa la central «seguirá trabajando para conseguir acuerdos como el presente, que mejore las condiciones de trabajo de los funcionarios vascos».
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