El Gobierno Vasco aprueba este martes medidas para las empresas afectadas por Ucrania

Urgencia máxima para atenuar el impacto que la guerra de Ucrania ya está teniendo en las empresas de Euskadi y máxima celeridad para atajar el disparatado precio de la energía, que está mermando la capacidad y la competitividad de no pocas empresas de Euskadi e incluso, en algunos casos, está amenazando la pervivencia de algunas. Ese fue el serio mensaje planteado ayer por el Gobierno Vasco a la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la celebración de una conferencia sectorial (una reunión con todas las autonomías) para analizar el Plan de Respuesta a la Guerra que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé aprobar el día 29.

En esa tesitura, y al margen de lo que pueda sacar adelante el Gobierno central, el gabinete de Iñigo Urkullu tiene previsto aprobar ya hoy mismo una serie de medidas, centradas en el capítulo financiero, para tratar de aligerar la carga de las empresas vascas afectadas por el conflicto.

Ayer, el equipo de Pedro Azpiazu guardaba un silencio sepulcral sobre el contenido de las medidas, pero fuentes conocedoras de la situación trasladaban que, entre ellas, podrían incluirse apoyos en forma de créditos blandos para sostener la liquidez u otros dedicados a facilitar las operaciones de exportación. Es previsible que, siempre en coordinación con el ICO, los créditos especiales que se concedieron en el marco de la pandemia y que ahora toca empezar a pagar puedan ver prorrogado su plazo o el periodo de carencia.

Junto a Pedro Azpiazu, la delegación vasca en la conferencia sectorial estuvo compuesta por la vicelehendakari segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia; la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi; y la responsable de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantza Tapia. Los cuatro intervinieron para reclamar «medidas urgentes, concretas y eficaces».

Tras una primera intervención de Nadia Calviño, en la que expuso los grandes aspectos en los que el Gobierno central quiere centrar su plan, llegó el turno de las comunidades autónomas.

Euskadi fue la primera en intervenir, y la consejera Mendia trasladó a la ministra la necesidad de tener en cuenta también a la economía social y a las cooperativas ya que, dijo, son firmas que «afrontaron con mecanismos propios de resistencia la pandemia, no han podido recuperarse de esta situación y, por lo tanto, de cara a nuevos problemas por esta crisis (la de Ucrania) merecen una atención específica».

Así, con las cooperativas en primer plano pero pensando en el conjunto del colectivo empresarial, el Gobierno Vasco reclamó al central «un Fondo para Empresas con Impacto Directo por la Guerra». «Hay muchas cooperativas industriales, por ejemplo del ámbito de la máquina herramienta, que han visto cómo no podían entregar sus pedidos en Rusia o Ucrania, y esas máquinas no sirven para otro cliente», explicaron fuentes de Trabajo. Junto a eso, Mendia pidió a Calviño que se active cuando antes el desarrollo reglamentario del mecanismo RED, al que está previsto que se acojan muchas empresas en problemas.

Arantxa Tapia urgió a tomar medidas «inmediatas, aunque sea de manera transitoria» en el sector del transporte, así como a buscar «alternativas de suministro» para las firmas que se ven afectadas en este aspecto por la guerra. La consejera también reclamó una solución al precio de la energía que, dijo, está afectando a números sectores.

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