Un mes del histórico apagón sin respuesta del Gobierno

La ministra del ramo, Sara Aasegen –que preside esa comisión de investigación– hizo esta semana cierto guiño al sector al abrir la puerta a analizar lo que sucedió esos días previos. Pero en una intervención en el Senado volvió a dejar claro el mensaje del Gobierno: no hubo un problema de inercia, por lo que tuvo que ser de producción.

Aasegen también defensió esta teoría en el Congreso, cuando avanzó que el caos eléctrico comenzó en subestaciones de las provincias de Granada, Badajoz y Sevilla. «Buscar un momento y un lugar específico es una distorsión de la realidad;las empresas hemos constatado las oscilaciones anómalas que se comunicaron a Red Eléctrica, y eso son hechos, no se pueden negar», apuntan fuentes del sector.

Aelec, la patronal que representa los intereses de Iberdrola, Endesa y EDP, apunta en concreto a las jornadas del 22 y 24 de abril, en las que se habían observado «variaciones que provocaron la desconexión automática de instalaciones de generación y de clientes (en referencia a la refinería de Cartagena y a líneas de alta velocidad de Adif), que tuvieron repercusión mediática».

Es decir, el sector pone el foco en la infraestructura ajena a sus activos, insistiendo en que la inestabilidad en la tensión previa al apagón pudo medirse y ser notificada a Red Eléctrica. La empresa dirigida por Beatriz Corredor asegura que «es costatable» que antes del incidente no había oscilaciones, devolviendo el golpe a un posible problema de producción como detonante del apagón, al igual que el Gobierno.

En la guerra por la búsqueda de culpables, las energéticas también señalan que el caos generado coincidió con cifras máximas de explotación fotovoltaica «de las que en esos días presumía el Gobierno». «No sabemos cuál fue el origen, pero algunas plantas nos comunicaron que empezaron a sufrir perturbaciones que estuvieron a punto de hacer saltar las protecciones», defiende José Donoso, director de la Unión Española Fotovoltaica. «No es que de golpe se cayeran 15 gigavatios. Hay unos algoritmos que detectan el problema y responden y funcionan. Pero es que todo lo que estaba conectado –fotovoltaica, nuclear, gas...– en aquel momento se desconectó», explicaba en una reciente entrevista a este medio.

El cruce de argumentos ha provocado un sin fin de teorías entre las que se ha manejado incluso un ciberataque a Red Eléctrica que recientemente ha sido descartado. Y aunque la investigación será larga, fuentes consultadas apuntan a que si el Ejecutivo ha llegado a poder concretar las tres provincias donde supuestamente se originó el apagón, sabe ya o está «muy cerca» de conocer cuáles fueron las centrales exactas donde se disparó la producción eléctrica y se produjo la reacción en cascada. Argumentan además que, si la pérdida de generación fue de 2.200 MW –tal y como se ha explicado desde el Ejecutivo– hay pocas plantas en España con tanta potencia, incluso siendo varias las que pudieron caer simultáneamente.

No obstante, reconocen que será difícil conocer con claridad los desencadenantes del suceso, lo que ha reactivado algunas teorías que podrían poner en serios apuros al Ejecutivo de Pedro Sánchez en caso de confirmarse. Este mismo viernes, el diario 'The Telegraph' publicaba un artículo en el que, citando fuentes de Bruselas, se asesgura que el apagón fue «un experimento controlado que salió mal». El texto apunta a que las autoridades españolas buscaban «evaluar» hasta qué punto se podría aumentar la dependencia de las renovables, con la vista puesta en el cierre de las nucleares a partir de 2027.

La tesis del diario británico compara lo ocurrido con el caso de Chernóbil en 1986, acusando directamente de «negligencia» al Gobierno y a Red Eléctrica.

La reacción de Moncloa ha sido inmediata. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, calificó ayer de «bulo» la información, advirtiendo que la misma proviene de «un grupo de interés empresarial conocido por difundir mentiras».El problema para el Ejecutivo es que la publicación ya ha levantado polvareda en Bruselas. «De confirmarse, significaría la puntilla no solo para la dirección de Redeia, sino del propio Gobierno», apunta Raúl de la Hoz, europarlamentario del PPmiembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. De la Hoz confirma que «dado lo extraordinariamente alarmante» del caso, el grupo preguntará la próxima semana a la Comisión Europea si existen datos que certifiquen la veracidad de la información. Un movimiento que se producirá al margen de la la investigación independiente ya solicitada a Bruselas.