Los sindicatos se oponen a una posible congelación de los sueldos públicos

La medida, si bien no ha contado con el apoyo explícito del Gobierno Vasco, tampoco ha recabado su rechazo, sí en cambio una cierta comprensión. Un hecho importante porque no hay que olvidar que los votos del PNV son imprescindibles para aprobar los presupuestos de Sánchez, una cuentas que incluirán los sueldos de los funcionarios y que obligarán a que los jeltzales se 'retraten'.

Lo cierto es que la congelación es un tema que escalda. A nadie se le oculta que unos sindicatos en pie de guerra complicarían en extremo la labor del Ejecutivo de Sánchez. Solo así se entiende que ayer la ministra Nadia Calviño recordara que los funcionarios han ganado poder adquisitivo en los últimos años y que el escenario de inflación es cero, consideraciones que, subrayó, habrá que «tener en cuenta» de cara a una posible revisión de sus sueldos. Sin embargo, también ayer el ministro José Luis Escrivá y la vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo aseguraron que esa medida «no está encima de la mesa» de negociación de los presupuestos del Estado. Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, eludió descartarla.

En resumen, un 'totum revolutum' en el que los sindicatos, curándose en salud, sí lanzaron mensajes nítidos. En el caso de ELA, recordó que el salario «ha tenido una pérdida de poder adquisitivo que ronda el 13 % desde 2010». En este sentido, denunció que «las políticas de austeridad, desmantelamiento del sector público, recortes de derechos laborales y la apuesta por la privatización están teniendo gravísimas consecuencias para la ciudadanía y, en especial, para los empleados públicos».

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, de visita ayer en Barakaldo, advirtió de que si no suben las nóminas la economía española «se va a colapsar todavía más» y calificó de «mal mensaje» que el Gobierno plantee congelaciones.

CC OO, en esta misma línea, defendió que es «urgente» recuperar el poder adquisitivo y el empleo público perdidos, ampliar las plantillas y acometer las medidas para su rejuvenecimiento. «El Gobierno tiene una deuda arrastrada desde la anterior crisis de 2008 que debe ser compensada», subrayó el sindicato dirigido por Unai Sordo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también se apresuró a mostrar su rechazo frontal a una congelación de las nóminas.