El Ararteko insta a Euskadi a revisar los métodos utilizados para recoger datos de los presos que ingresan en la cárcel

Según indica el Ararteko, tras el ingreso en diciembre de 2022 del preso en la cárcel donostiarra, la Junta de Tratamiento propuso la clasificación inicial del interno al Centro Directivo Penitenciario de Euskadi. Posteriormente, ratificó la clasificación en segundo grado de tratamiento penitenciario y solicitó su traslado a un establecimiento penitenciario gestionado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por dos razones. La primera, debido a la «sobreocupación de los centros penitenciarios» en Euskadi y, la asegunda, por la falta de vinculación sociofamiliar« del interno en la Comunidad Autónoma Vasca. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó finalmente su traslado.

El Defensor del Pueblo señala, sin embargo, que la persona reclamante argumentaba que tiene vinculación familiar en Gipuzkoa, que ha pasado su vida en Euskadi desde hace más de 20 años y que estaba siendo sometido en la prisión a un tratamiento de deshabituación del consumo de estupefacientes. Para certificarlo, adjuntó diversa documentación como el histórico de padrón en el territorio, el libro de familia donde consta la filiación de su hija menor de edad y un informe psicológico que recoge la influencia positiva de la reconstrucción del vínculo paternofilial en el desarrollo de la menor.

No obstante, el Ararteko denuncia que, tras solicitar información al respecto a la istración penitenciaria vasca, ésta remitió un informe señalando que «según el informe social emitido desde el centro penitenciario de Gipuzkoa a la Dirección de Justicia, el interno no mantiene relación con su familia (...) viviendo en la calle antes de su ingreso en prisión».

Sin embargo, a juicio del Ararteko, los datos demuestran «el arraigo» del recluso en Euskadi, «algo que no se tuvo en cuenta a la hora de decidir su traslado» a León. Además, destaca «el impacto» que esta decisión ha tenido en la hija menor de edad. En este sentido, la institución recuerda que las niños con progenitores encarcelados «tienen los mismos derechos que el resto» y, en consecuencia, «el derecho al o regular con sus progenitores». Este o regular, apunta el Defensor del Pueblo, «puede tener un impacto positivo» también en los procesos de reinserción de las personas presas.

Por todo ello, recomienda al Gobierno Vasco que acepte la petición de traslado a Euskadi del reo y le pide que diseñe un protocolo de servicios sociales penitenciarios de recogida de datos sociales y familiares, así como otras circunstancias personales de manera homogénea en los tres centros penitenciarios vascos, «que permita un correcto control» por parte del Centro Directivo Penitenciario del País Vasco, para evitar «traslados lesivos de los derechos de las personas presas que pueden afectar, inevitablemente, a los derechos de los menores con progenitores encarcelados».