Los bomberos vascos continúan en pie de guerra. La fuerte controversia generada tras la celebración de la primera OPE unificada para Gipuzkoa y Álava con 114 plazas en juego y 1.170 aspirantes y organizada por Arkaute sigue latiendo al rojo vivo entre los integrantes de los distintos servicios y los aspirantes que se presentaron a ese primer examen, realizado en Irun. Las calles de San Sebastián, Gasteiz y Bilbao han sido los escenarios en los que los bomberos se han manifestado recientemente en contra de los responsables forales «por haber organizado una OPE desastrosa y chapucera».
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Así, este jueves se han vuelto a manifestar dos centenares de personas junto a la escalinata del Ayuntamiento de Bilbao para pedir, entre otras cosas, «la dimisión de la diputada Irma Basterra, del diputado Alberto Amenabar y de la diputada Eider Mendoza». Ataviados la mayoría de ellos con los uniformes de trabajo, han expresado que «la gestión de la OPE ha sido irresponsable. Desde Arkaute y las diputaciones trataron de imponer criterios inaceptables en el proceso de inscripción, como dar permiso para acceder al historial personal de todas las personas opositoras y firmar la asunción de los resultados de las pruebas psicotécnicas como válidos». Este miércoles estuvieron también en Donostia manifestándose frente a las Juntas Generales de Gipuzkoa.
Otra de las quejas del colectivo de bomberos vascos aludía a que «no se han valorado los conocimientos necesarios para el puesto -en la última OPE-. Sin embargo, el peso del examen psicotécnico ha sido muy grande». Además, consideran que «se ha producido discriminación al realizar dos modelos de examen de geografía» y denuncian que «han hecho cambios en los criterios de corrección que no han seguido el procedimiento legal establecido y una rebaremación que no aparecía prevista en las bases, generando inseguridad jurídica sobre todo el proceso».
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También señalan que «no han cumplido con el derecho de las personas aspirantes a poder hacer todo el ejercicio en euskera. Ahora, el resultado de las primeras pruebas nos ha demostrado la incapacidad de Arkaute para gestionar la OPE». Por ello, aseguran, «nos sumamos a las reivindicaciones que han surgido desde el colectivo, y solicitamos a las entidades que cuentan con servicios de extinción, la firma de la siguiente declaración institucional firmada a todos los partidos, tanto a los de gobierno como a los de la oposición».
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