Condenada por estafar a un matrimonio con discapacidad mental en Irun

En el juicio por estos hechos, celebrado en febrero, la acusada, a quien la pareja consideraba su amiga, aseguró que tenía «desconocimiento absoluto» de que tuvieran una discapacidad y que nunca tuvo intención de engañarles. Por su parte, los perjudicados, representados por el abogado Yosu Agote, aseguraron que esta les «engañó» y que «no sabían lo que firmaban».

El fallo recoge que la acusada aprovechó «la relación de confianza» que tenía con la pareja, así como «sus más que evidentes dificultades de comprensión» para que «la ayudaran económicamente» firmando dos préstamos y asumiendo así las obligaciones de pago de los mismos. La mujer «engañó» a sus amigos «haciéndoles creer» que necesitaba el dinero para hacer mejoras en el puesto de dulces que tenía en el mercadillo de Irun, si bien el tribunal considera que «no se ha podido acreditar en absoluto» que destinase el dinero a ese fin ni tampoco que tuviera «intención de devolver las cantidades prestadas».

Los hechos ocurrieron en 2017, cuando la mujer solicitó un primer préstamo de 25.000 euros, el cual destinó a liquidar otro crédito que tenía con otra entidad. A los cinco meses la acusada volvió a pedir ayuda al matrimonio para firmar un nuevo préstamo de 20.000 euros, en el que también firmaron como prestatarios. «Yo no les obligué a firmar, les pedí ayuda y me la dieron», dijo la acusada. Las víctimas aseguraron que participaron «porque ella lo pedía». «Yo no sé lo que ponía. Yo firmé», dijo el hombre.

Los médicos forenses que le valoraron indicaron que «no tiene absolutamente capacidad» para realizar operaciones económicas de este tipo y que por estos hechos sufre «ansiedad, somatización, depresión y estrés postraumático».

«Lo único que pretendía era lucrarse a costa» de la pareja, concluye el tribunal.

Mala praxis

El tribunal también hace referencia a la actuación de las entidades bancarias que concedieron los préstamos, destacando su «más que evidente mala praxis bancaria», que además fue reconocida por la subdirectora de una de las sucursales. «No hemos actuado bien en este caso. No se ha verificado con la debida rigurosidad», dijo, a la vez que reconoció que sin la participación del matrimonio nunca hubiesen otorgado el préstamo a la acusada, ya que esta no tenía capacidad económica para pagarlo.

Por este préstamo la entidad bancaria emitió una orden de embargo de la vivienda del matrimonio, que fue paralizado por un juzgado de Irun.