«Mi alquiler temporal y fraudulento ahora es uno legal y para cinco años; es un alivio»

«En ningún momento el contrato temporal puede sustituir una residencia habitual; tiene que ser contratos habituales, legales, regidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y a los que se les puede aplicar la Ley de Vivienda», ha añadido la portavoz de la plataforma Stop Desahucios. «Los contratos temporales tienen que fijar obligatoriamente la finalidad y el objetivo del contrato, sea por las cuestiones que sea -bien por trabajo, estudio u otras-», ha explicado.

Gina y su familia sienten ahora un «alivio tremendo» al haber llegado a un acuerdo judicial con la casera del piso, pues ha conseguido convertir un contrato de alquiler temporal ilegal en uno legal de cinco años. Casos como este «sirven para que la gente que está en esta misma situación vea que sí se puede salir de ahí. La vivienda es un derecho que nos concierne a todos, y tenemos que luchar por el nuestro derecho, el de nuestros hijos y el de miles de familias que están en esta situación», han defendido en el Boulevard, donde terminaron la protesta con el grito '¡La vivienda es un derecho, no un negocio!'.

Con todo, la historia de Gina es una realidad «cada vez más preocupante». Otros casos expuestos ayer en el kiosko del Boulevard por la plataforma Stop Desahucios fueron el de Pilar o el de Fernando. Ella, vecina de Errenteria, tiene un contrato de alquiler de seis meses, que finaliza en apenas unos días. Como Errenteria es un municipio tensionado, «todos los contratos que finalicen después del 31 de enero se pueden acoger a la Ley de Vivienda». En el caso de Pilar, eso supone la posibilidad de una prórroga adicional de hasta tres años. Aún sigue esperando la respuesta de su casero, pero «resoluciones como la de Gina me dan esperanzas», ha añadido ayer.

La historia de Fernando es similar a la de Gina. A sus 73 años vive de alquiler en una habitación en Donostia y él también ha recibido una demanda de desahucio, pues se le termina el contrato temporal firmado; «también ilegal». «Esperamos obtener el mismo resultado», adelantaba con esperanzas la portavoz de Stop Desahucios. Y es que, como subrayó ayer en varias ocasiones, «hay cientos de inquilinos que se ven obligados a suscribir este tipo de contratos ilegales porque son los únicos que hay disponibles, pero es importante que sepan que se pueden defender y poner fin a esta lacra».

Como ha ocurrido con el contrato de Gina, «esta ilegalidad puede ser alegada ante los juzgados para reconvertir dichos contratos fraudulentos a los legales estipulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU): cinco años de duración, si el arrendador es un pequeño tenedor, y 7 si es un gran tenedor».

Con todo, Stop Desahucios también se dirigió a los propios propietarios. «Queremos que se aplique la ley. Las inmobiliarias juegan un papel muy importante porque 'aconsejan' a los pequeños caseros que hagan este tipo de contratos temporales y fraudulentos. Y quien va a sufrir las consecuencias de esa ilegalidad es el pequeño propietario», ha asegurado García. También recordó una información publicada el miércoles por este periódico en la que se apuntaba que «Donostia es la segunda capital del Estado después de Barcelona en la que más contratos de alquiler de temporada se ofertan en los portales inmobiliarios, con un 37% del total. Es una vergüenza y es una ilegalidad».