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Sobre la jueza sustituta apartada del juzgado de lo Social número 5 de San Sebastián tras provocar la repetición de 200 juicios pesaban cinco ... expedientes disciplinarios por los continuos retrasos que provocó en los casos que debía juzgar, aunque por el momento solo uno ha desembocado en una sanción por «infracción grave por retraso». Los otros cuatro han sido archivados temporalmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el encargado de imponer sanciones a los jueces en ejercicio, después de que la afectada haya comunicado su renuncia a seguir siendo jueza sustituta. Si en el futuro decidiera optar a un nuevo puesto judicial, estos expedientes disciplinarios podrían reactivarse, según apuntan fuentes del CGPJ a este periódico.
Ni el Tribunal Superior vasco ni en el Decanato de Donostia tienen constancia de la sanción que se le ha impuesto a la jueza apartada «porque es un tema personal suyo con el Consejo, que es el que tiene la competencia para sancionarla», señala Santiago Romero, juez decano de San Sebastián. «Nosotros sabemos que se le sancionó porque el CGPJ pidió al Decanato que le notificáramos la sanción porque la jueza expedientada ni siquiera recogía las cartas del Consejo. Para nosotros tampoco fue sencillo localizarla, pero finalmente un miembro del Decanato consiguió entregarle el expediente sancionador». Romero indica que estas sanciones suelen consistir en una «multa», generalmente económica.
¿El juez decano no ha conseguido hablar con la jueza apartada desde que se inició todo este proceso? «No, no. Yo ya desistí de intentarlo después de unos cuantos intentos infructuosos. También es verdad que una vez que fue apartada como jueza sustituta y se acordó nombrar a una jueza de refuerzo no tenía la necesidad de comunicarme con ella, pero arle desde que dejó de acudir al juzgado ha sido casi imposible».
Tras el goteo de quejas por los retrasos que se acumulaban desde los primeros meses de 2024, el juez decano se vio obligado a intervenir en el asunto, pero pronto vio que la solución no iba a ser sencilla. «Le llamamos la atención, le dijimos que tenía varios procedimientos pendientes, pero no hubo respuesta. Solo nos trasladó que había cogido varias bajas por problemas de salud», explica el juez decano. La jueza también fue requerida para acudir a dar explicaciones ante otras autoridades judiciales, pero tampoco llegó a presentarse a la cita ni atendió a los múltiples requerimientos realizados por el CGPJ.
En consecuencia, Romero procedió a emitir un informe dirigido a la sala de gobierno del Tribunal Superior vasco en el que explicaba la situación ocasionada por la dejación de funciones de la magistrada, lo que provocó que se le abriera un expediente disciplinario por consejo. Posteriormente, la comisión del TSJPV que se encarga de designar los jueces interinos no la incluyó en el listado para el curso 2024-2025, tras varios intentos fallidos por parte del juez decano de ar con ella.
De esta forma, la magistrada quedó apartada de la bolsa de jueces sustitutos, que se renueva cada dos años. Sin embargo, dado que la jueza ha trasladado al CGPJ su renuncia a seguir trabajando como jueza sustituta, en principio no podrá volver a participar de esta bolsa de trabajo. Esa decisión es la que ha hecho que se archiven provisionalmente los cuatro expedientes disciplinarios que aún no habían sido resueltos por el Consejo, pero que podrían reactivarse en el supuesto de que la mujer decida apuntarse de nuevo a la bolsa de jueces sustitutos.
Santiago Romero explica que «no es en absoluto habitual que se tenga que apartar a un juez de sus funciones. Yo no recuerdo ningún caso. En alguna ocasión se han podido imponer sanciones por motivos de diversa índole, pero es la primera vez que se saca a alguien de la bolsa de jueces sustitutos, al menos en Gipuzkoa».
El presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, también calificó este caso como «excepcional» en una entrevista en este periódico. «Creo que es la primera ocasión en la que hemos tenido que acudir a un remedio de estas características respecto a una jueza sustituta», itió. «Por fortuna es excepcional, porque la situación creada es muy perjudicial para las personas que han visto que se ha celebrado un juicio, que han pasado meses o más de un año y que ahora tienen que repetir el proceso», lamentó.
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