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Un hombre acusado de estafar 176.000 euros a un empresario de Irun ha aceptado dos años de prisión, pena que se le suspende en ... caso de no delinquir durante tres años y siempre que abone la responsabilidad civil acordada. Las partes han llegado a un acuerdo momentos antes de que comenzase el juicio este lunes por la mañana en la Audiencia de Gipuzkoa.
Los hechos que iban a ser juzgados tuvieron lugar en agosto de 2017, cuando el acusado «con la intención de confundir» a este empresario, dedicado al sector aduanero, le envió un email simulando ser el representante de otra empresa con la que la víctima mantenía relaciones comerciales, y donde le comunicaba que debían serle entregados 175.924,64 euros en concepto de unos servicios prestados, según recoge el escrito de la Fiscalía.
Días más tarde, el acusado, »con igual intención y empleando la misma dirección de email», envió un nuevo correo indicando que la transferencia de la suma adeudada debía hacerse a otra cuenta, la cual era titular el acusado. Los hechos descritos son constitutivos de un delito de estafa.
El acusado ha itido los hechos que se le imputaban, por lo que la Fiscalía, que pedía para él inicialmente 3 años de cárcel y ocho meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros, ha rebajado su petición de pena hasta los dos años por un delito de estafa y no entrará en prisión a condición de que no delinca en los próximos tres años y abone la responsabilidad civil, a razón de 300 euros por 10 meses y 600 euros en los meses julio y enero (4.200 euros al año hasta que abone la totalidad del importe). Al acusado se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño. Ha abonado ya 46.000 euros (32.822,24 euros, 7.177,76 euros y 6.000 euros) a la parte afectada.
En este tipo de ciberestafas, un método también conocido como 'man in the middle', los delincuentes se hacen pasar por la empresa proveedora de un determinado servicio que la víctima requiere o con la que mantiene una relación comercial. Así, las transferencias llegan a la cuenta de los estafadores, mientras la víctima cree que se la ha enviado a la empresa con la que tiene esa relación contractual.
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