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En febrero de 2021, en uno de los peores momentos de la pandemia, las cosas no pintaban bien en la UE. Con la mayoría del ... bloque comunitario en confinamiento, la campaña de vacunación no acababa de arrancar por los problemas de producción de su mayor suministrador, AstraZeneca. En abril de ese año, en un artículo del diario 'The New York Times', la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se presentaba como la salvadora del Viejo Continente: ella, personalmente, habría negociado con el consejero delegado de Pfizer-BioNTech, Albert Bourla, la compra de 1.800 millones de dosis, que convertirían a la firma en el mayor suministrador de la Unión. Sin embargo, cuando la autora reclamó a la Comisión Europea los mensajes que se habrían intercambiado la política alemana y Bourla, Bruselas negó su , una decisión que la Justicia europea ha anulado este miércoles.
El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE) asegura en su sentencia que el Reglamento relativo al a los documentos tiene por objeto conferir «el derecho de del público a los documentos que obran en poder de las instituciones». Y que, por regla general, «todos los documentos de las instituciones deben ser accesibles al público». En este caso en concreto, la periodista de 'The New York Times' Matina Stevi solicitó la totalidad de los mensajes intercambiados entre Von der Leyen y Bourla entre el 1 de enero de 2021 y el 11 de mayo de 2022. La Comisión Europea denegó la solicitud asegurando que no tenía en su poder los archivos solicitados, ya que estas comunicaciones sólo se considerarían documentos si tienen implicaciones para las políticas comunitarias.
El tribunal con sede en Luxemburgo señala que las respuestas del Ejecutivo comunitario en este procedimiento han sido «suposiciones» o «informaciones cambiantes o imprecisas», mientras que la demandante y su periódico aportaron «elementos pertinentes y concordantes que describen la existencia de intercambios» entre la jefa de Bruselas y el presidente de Pfizer en el contexto de la compra de vacunas durante la pandemia del covid-19. Los jueces estiman, de este modo, que la periodista y el diario «han conseguido refutar la presunción de inexistencia y de no posesión de los documentos solicitados» que sostenía la Comisión Europea.
En este caso, el alto tribunal apunta que el Ejecutivo comunitario «no puede limitarse a afirmar que no tiene en su poder los documentos solicitados», sino que debe presentar «explicaciones creíbles» que permitan entender por qué no pueden encontrarse dichos documentos. Bruselas «no proporcionó una explicación plausible para justificar que no estaba en posesión» de esos mensajes y tampoco aclaró si éstos habían sido eliminados, y fuera de forma voluntaria o automática, o si el teléfono móvil de Von der Leyen había sido sustituido en ese tiempo.
Tras conocerse la sentencia, la Comisión ha emitido un comunicado en el que asegura que «toma nota» de la decisión del alto tribunal. Con todo, se escuda en que el TGUE «no pone en entredicho la política de registro de la Comisión en relación al de documentos». Destaca, igualmente, que sus servicios técnicos «estudiarán detenidamente» el fallo y decidirán «los próximos pasos a dar». Del mismo modo, apunta que «la transparencia siempre ha sido de gran importancia para el Ejecutivo comunitario y su presidenta, Ursula von der Leyen».
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