Amnistía, corrupción y espionaje, los hitos del nuevo curso en los tribunales

Tras la aprobación de la ley de amnistía y su publicación en el BOE comenzará el plazo de dos meses que la norma da a los jueces para que hagan efectivas las exoneraciones para cada uno de los implicados en las causas vinculadas al 'procés'. Está por ver si los togados que decidirán cumplirán con este margen. El pasado año, el CGPJ sobrepasó tres meses el plazo que recogía la ley para renovar su terna de magistrados para el Tribunal Constitucional (TC), pero no tuvo consecuencias. Además, la amnistía introduce la eliminación de los «efectos suspensivos» de su aplicación en el caso de que los magistrados eleven consultas al TC o al Tribunal de Justicia de la UE.

El Tribunal Supremo resolverá en los próximos meses los últimos recursos contra los indultos parciales concedidos por el Gobierno a los condenados a prisión por el 'procés'. La Sala de lo Contencioso-istrativo ventiló los primeros, referidos a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, rechazando las impugnaciones de Vox y Ciudadanos al considerar que ni partidos ni diputados están legitimados para impugnarlos. Quedan otros 27 pendientes, entre ellos el del ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, que podría tener un resultado distinto, según fuentes jurídicas.

En la corte de garantías, al margen del recurso del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez por la pérdida de su escaño y de los previsibles recursos contra la amnistía, los magistrados tienen que resolver las apelaciones de 12 condenados por el 'caso ERE' andaluz, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, o las impugnaciones de Vox y PP contra la reforma que derogó la sedición y modificó la malversación. En clave interna, es probable que la renovación del CGPJ suponga el acuerdo entre PSOE y PP para cubrir la plaza vacante de magistrado, que corresponde nombrar a los populares.

El curso judicial que ahora empieza tiene al menos 30 sumarios con la instrucción finalizada en los casos Gürtel, Lezo, Púnica, Erial o Taula, con varias decenas de exdirigentes populares procesados. En la trama de Francisco Correa quedan cuatro causas pendientes. La más inminente será la sentencia que afecta a Francisco Camps por los contratos a una empresa filial de 'Gürtel'. En las próximas semanas el Supremo responderá también a los recursos contra la sentencia por el denominado 'caso Bárcenas': la caja paralela del PP que financió parte del coste de las obras de su sede. En Madrid también funcionó una caja b con la que se financió el partido en la época de Esperanza Aguirre. Esta pieza del 'caso Púnica' está pendiente de juicio junto a otras nueve subcausas. En Valencia, el expresidente Eduardo Zaplana se enfrenta a 19 años de prisión en el 'caso Erial'. El juicio para aclarar la fortuna escondida en paraísos fiscales, cifrada en 15 millones, empieza en febrero.

Dentro de la madeja del 'caso Villarejo', la causa más política es Kitchen, la trama de espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas para recuperar información sensible en su poder. A la espera de fijar la fecha del juicio en la Audiencia Nacional, se sentarán en el banquillo el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y media docena de comisarios. A los dos primeros la Fiscalía les reclama 15 años de prisión. También en el tribunal central y sin fecha definida esperan juicio desde junio de 2021 la familia de Jordi Pujol por su presunto enriquecimiento ilícito. El cribado de datos personales del sumario ha demorado el procedimiento.

El juicio contra Rodrigo Rato para aclarar el origen de su patrimonio continúa este mes en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía reclama al exministro del PP 70 años de prisión por 15 delitos, once de ellos fiscales, por supuestamente defraudar más de 8,5 millones. La acusación sostiene que ha mantenido un entramado societario en el extranjero desde 1999 para ocultar su fortuna. Otras personalidades que se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir del 15 de enero serán los seis hijos varones de la familia Ruiz-Mateos, quienes se enfrentan a 16 años de prisión cada uno por la presunta estafa piramidal de Nueva Rumasa, por la que les reclaman casi 500 millones de fianza conjunta.

A mediados de año está previsto que la Audiencia Nacional juzgue a los actores Imanol Arias y Ana Duato por presunto fraude fiscal en el 'caso Nummaria', el despacho de asesores que llevaba la contabilidad y declaraciones tributarias de empresas y famosos. Anticorrupción pide 32 años de cárcel para Duato y 27 para Arias. Otros personajes públicos que serán juzgados este año serán Rafael Medina por el 'caso mascarillas', el exfutbolista Dani Alves por una pregunta agresión sexual, el bailaor Rafael Amargo por un caso de drogas o el hijo del actor Rodolfo Sancho por un asesinato en Tailandia.